Dos días antes de Navidad, funcionarios estatales y locales de ciudades, condados y estados santuario de EU recibieron una carta que traza un posible camino que podría tomar el gobierno de Donald Trump para atacar a las jurisdicciones “santuario” que resistan las deportaciones masivas.
Las misivas amenazan con procesos penales y demandas dirigidas a las finanzas personales de los funcionarios, aluden a la ley RICO, una norma federal que se usa para combatir el crimen organizado.
“Usted y sus subordinados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión”, señala en la carta la America First Legal Foundation, un grupo liderado por asesores actuales y anteriores del presidente electo republicano.
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Su presidente, Stephen Miller, será el subdirector de política en el nuevo gobierno y es desde hace mucho un ideólogo de las políticas de inmigración de Trump. Algunos funcionarios fueron elegidos por declaraciones que hicieron después de la victoria electoral de Trump, como el caso de Maura Healey, gobernadora demócrata de Massachusetts, quien ha sido criticada por jurar que empleará “todas las herramientas en la caja de herramientas” para resistir las deportaciones masivas en su estado.
Pero la mayoría entró en la lista por negarse a ayudar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a retener a personas buscadas por estar en el país sin permiso de residencia. En la lista, acusan a los funcionarios de violar varias normas federales, incluyendo una contra el contrabando de inmigrantes.
