Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió este miércoles ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar la evaluación de las candidaturas que se inscribieron para participar en la elección de jueces, ministros y magistrados en los comicios de este año.
El proyecto aprobado también incluyó la propuesta de denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría, quien fue el que hace un par de semanas dictó la orden para que los comités detuvieran sus procesos.
En la sesión de este miércoles, se discutió el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto, que planteó revocar la suspensión, dado que los procesos electorales son un mandato de orden público ante el que no operan las suspensiones judiciales.
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Señaló que el juez se “auto otorgó” facultades que no le corresponden para incidir en la competencia que tiene la Sala Superior como autoridad máxima en lo que se refiere a acciones electorales, como lo son los comicios judiciales.
“En la propuesta que estoy presentando a este honorable pleno, se niega absolutamente la competencia que indebidamente se otorga, se auto otorga el juez de distrito para vincular a este pleno, al pretender incidir en actos de la materia electoral, sobre todo, cuando cuestiona los alcances de una determinación firme de esta Sala Superior. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está constitucionalmente revestido de autonomía e independencia, de ahí que sus determinaciones no pueden ser sometidas a control jurisdiccional alguno. En este sentido, continuaremos ejerciendo la función constitucional encomendada con los más altos estándares de imparcialidad, legalidad y autonomía que constitucionalmente nos corresponde”, dijo.
Al respecto, el magistrado Felipe Fuentes subrayó que el proceso electoral para la elección de personas juzgadoras no puede ser suspendido por un Juez de Distrito ni por cualquier otra autoridad, “con independencia de los intereses políticos o personales que estén involucrados” y ante esto, la Sala Superior del Tribunal tiene la obligación de “remover cualquier obstáculo que pretenda suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas al proceso electoral”.
“Nuevamente, para mí en este caso, el juez de distrito está extralimitándose en sus competencias, ya que asume equivocadamente que se está ante un conflicto competencial entre juzgados ordinarios y pretende que este Tribunal ceda a su competencia constitucional exclusiva en favor de una autoridad de amparo que no puede, ni debe conocer de materia electoral”, dijo.
La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez se pronunciaron en contra de proceder por la vía penal en contra del juez. La primera, por no coincidir con que se haga intervenir la materia penal en temas que en última instancia serán competencia del Consejo de la Judicatura.
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FGR
