La expansión del crimen organizado y las violaciones a derechos humanos desde el Estado por falta de capacidad para brindar atención, son algunos de los riesgos que se avizoran con los planes de deportación masiva de connacionales y la concentración de migrantes en México que se espera con los planes que ha empujado el presidente Donald Trump.
Así lo advirtió Armando Vargas, analista de México Evalúa, quien señaló que los planes del Gobierno de México son insuficientes para garantizar la reintegración de los paisano que serán devueltos, sobre todo con condiciones de seguridad.
En un primer punto, apuntó que la declaración de crisis nacional y el resto de decretos que emitió el republicano trae como primera consecuencia una criminalización de la comunidad migrante, que es calificada como una amenaza para aquel país. Sin embargo, ya en México, las consecuencias van a otros polos que involucran la seguridad de los migrantes.
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El analista prevé que el combate a un negocio que deja amplias ganancias criminales, como el tráfico de fentanilo, hará que las redes del crimen organizado busquen otras formas de mantener su actividad criminal, para lo cual las personas en situación de movilidad se ven como un posible “mercado”.
Explicó que este contexto aumenta el riesgo de que las y los migrantes sean objeto de delitos como la explotación con fines sexuales o el tráfico de personas, dejando como puntos rojos a los estados fronterizos en el norte y sur del país, así como las principales rutas de avance que toman las caravanas.
A esto sumó una opinión negativa en contra de la estrategia de seguridad, por considerar que el plan no es lo suficientemente fuerte para responder. De manera paralela, vaticinó que las autoridades caigan en posibles violaciones a derechos humanos, pues, aunque ya hay planes, no se tiene la certeza de si serán o no los necesarios para cubrir las necesidades de los deportados, sobre todo, en cuanto a su derecho a la salud y educación, entre otros.
