Jóvenes mexicanos, susceptibles de deportación de Estados Unidos, presentarán este viernes una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que piden reconocimiento constitucional de las personas, familias y comunidades en contextos de migración, para su reintegración, además de establecer un consejo coordinador permanente de personas deportadas, retornadas y sus familias viviendo en México y EU.
También piden diseñar una política integral para las personas, familias y comunidades en contextos de retorno con presupuesto asignado, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para cada entidad federativa.
El Instituto de Investigación para las Movilidades Humanas, A.C. o InMovilidades es una organización para acompañar, incidir y organizar proyectos de personas deportadas, retornadas, indocumentadas y refugiadas; al frente está Maggie Loredo Oda, hija de padres mexicanos, quien tiene actividad entre México y Estados Unidos, y aseguró que este viernes presentarán un documento a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Secretaría de Gobernación.
Escala el choque
En el documento solicitan que las deportaciones de jóvenes sean cuidando sus derechos fundamentales.
Loredo Oda, dijo que, en el documento dirigido a la mandataria federal, firmado por varias organizaciones jóvenes de migrantes, se señala que entre las principales situaciones que afectan es el modo en que antes se llevaban a cabo una detención migrante, pues vulneraban sus derechos más elementales.
Asimismo, afirmó que solicitan que los procesos para generar las credenciales electorales sean más ágiles para las personas recién llegadas al país, pues ante la falta de este documento oficial suelen no poder hacer trámites esenciales en México.
Maggie mencionó que solicitan que algunos trámites, como la expedición de actas de nacimiento, se hagan sin costo para los recién repatriados. “Pero, sobre todo, ésto lo pedimos porque a veces deportan a familias enteras; imagínate el gasto de un acta nueva para tres o cuatro niños, ante la situación que ya vienen viviendo, y posteriormente adherirlos a la escolarización”, señaló.
Maggie expuso que la carta enviada a la Presidenta dice: “Estamos seguras de que desde la coordinación de todos los niveles de gobierno a nivel nacional, estatal y municipal es posible avanzar hacia la construcción de una política de Estado que repare la deuda histórica que se tiene con la población migrante y sus familias en contextos de retorno”.
Señaló que los firmantes piden reconocimiento constitucional de las personas, familias y comunidades en contextos de migración en México y en el exterior, considerando sus distintas fases: tránsito, destino, retorno y reintegración.
“Rechazo a las deportaciones en las noches”, así como “establecer un consejo coordinador permanente de personas deportadas, retornadas y sus familias viviendo en México y EU, para coadyuvar en garantizar una perspectiva de movilidad, género e interculturalidad en las políticas públicas y programas de atención a esta población”, continúa el texto.
Solicitan diseñar una política integral para las personas, familias y comunidades en contextos de retorno con presupuesto asignado, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para cada una de las entidades federativas.
También, agregó que piden que se emita un decreto presidencial que reconozca la matrícula consular, credencial de elector emitida en el exterior, pasaporte emitido en el exterior y hojas de repatriación como documentos de identificación para el acceso a derechos y servicios privados. Esto, en tanto que se avanza hacia una Cédula Única de Identidad.