En respuesta al decreto por medio del cual Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa de reforma constitucional a dos artículos para rechazar cualquier forma de intervención al territorio nacional y para sancionar con la pena más elevada el tráfico de armas, pero también a quien viole la soberanía.
- El Dato: El miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum se dijo confiada en que el diferendo sobre la confrontación con Estados Unidos sobre los aranceles “se superará”.
“Nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía. Ésta no puede ser una oportunidad, por parte de Estados Unidos, para invadir nuestra soberanía. Entonces, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, enfatizó ayer en conferencia matutina.
El miércoles, Estados Unidos concretó la denominación del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas.
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La decisión fue criticada por la mandataria, al señalar que se trató de una acción no consultada con México, frente a lo cual se decidió reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución mexicana.
En cuanto al artículo 40, se trata de la adición de dos párrafos en los que se especifica que no se aceptan intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto que implique la violación del territorio mexicano por cualquier vía. También indica que no se permitirán investigaciones sin acuerdos de colaboración.
“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”, señala la adición.
En el caso del artículo 19, indica que a cualquier nacional o extranjero involucrado en la producción o traslado vinculados al tráfico de armas o se relacione con actividades constitutivas de trasgresión a la soberanía nacional, se le impondrá la pena más severa posible así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
“A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado e internacional al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, señala la reforma.
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Como la mandataria lo advirtió desde la semana pasada, México ampliará la demanda promovida el sexenio anterior en contra de las armerías estadounidenses, a las cuales señaló de ser posibles cómplices.
Recordó que las mismas autoridades estadounidenses reconocieron que más del 70 por ciento de las armas que se aseguran en territorio mexicano provienen de aquel país y, por lo tanto, dado el nuevo decreto, se deben establecer los vínculos de quienes proveen de armamento a los cárteles, consideró.
“Después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reconociendo que 74 por ciento de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos, dado este nombramiento, tiene que haber un vínculo entre quien le vende las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre, por parte de los Estados Unidos. Entonces, va a haber, además, una ampliación de esta demanda por complicidad”, dijo.
Hacia la noche, la reforma presidencial fue recibida en la Cámara alta, donde requiere pasar por comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y luego conseguir el voto de al menos dos terceras partes del pleno para ser aprobada, lo cual alcanzan a conformar por sí solas las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al igual que en la Cámara de Diputados.
De avalarse en San Lázaro, a donde será enviada para repetir el mismo proceso y si no se le realizan cambios, entonces se turnará a los congresos locales. Para que pueda entrar en vigor, habrá de conseguir el aval de al menos 17 de los 32 que existen.
En el documento remitido al Senado de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señala que este cambio se debe a que los actuales tiempos son complejos y “es necesario enaltecer, ratificar y fortalecer nuestros principios históricos, los cuales constituyen un poderoso capital existencial y político y una inagotable fuente de reserva estratégica para enfrentar los desafíos
del presente”.
