A dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte a 40 migrantes, colectivos y abogados de personas en movilidad presentaron un reclamo de responsabilidad patrimonial contra el Instituto Nacional de Migración (INM), aún a cargo de Francisco Garduño, quien a pesar de la tragedia sigue al frente de este instituto.
Un reclamo por responsabilidad patrimonial es una solicitud de indemnización económica a la administración pública por daños causados a los derechos o bienes de los ciudadanos.
- El Dato: En septiembre del año pasado, el INM dio a conocer que inició la reparación del daño a las familias de las 67 migrantes que fallecieron y resultaron lesionados.
Quienes lo suscribieron, entre ellos la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, exigen reparación integral a las víctimas, quienes además de sufrir quemaduras y las devastadoras consecuencias del incendio, “fueron sometidas a detenciones arbitrarias basadas en perfilamiento racial, procedimientos sin garantías de debido proceso y condiciones de detención indignas y torturantes”.
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También denuncian la omisión del deber de cuidado por parte del Estado, cuya negligencia en medidas de seguridad y protección civil resultó en la muerte y lesiones de personas privadas de su libertad en la mencionada estación migratoria.
La organización Derechos Humanos Integrales en Acción, en voz de Noemí Baltazar, integrante de este colectivo, cuestionó cómo es que a pesar de esta tragedia y vinculado a proceso Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, por omisiones en su responsabilidad de garantizar la seguridad de los migrantes recluidos en las instalaciones del instituto, siga al frente de este instituto.
Miryam González, representante del grupo de migrantes que aún siguen exigiendo justicia por esta tragedia, dijo que “el común denominador de las cartas es reparación de daños, justicia, que no quede impune, que no vuelva a repetirse y que no se quede en el olvido”.
Agregó que hay 12 cartas que se entregaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum, de familiares de los 40 migrantes que murieron en el incendio de la estación migratoria.
La abogada Lorena Cano Padilla dijo a La Razón que desde que ocurrió esta lamentable situación, ella acompaña a las víctimas en su lucha por justicia y aseguró que el proceso ha desgastado la estabilidad de los familiares, quienes no han recibido las soluciones que esperan, a pesar de que hasta el momento hay seis carpetas de investigación en contra de funcionarios involucrados en este caso, entre ellos Garduño.
El guatemalteco Rubbelsy Manrique Pérez Rodríguez, uno de los 27 sobrevivientes de esa tragedia ocurrida en Chihuahua, comentó a este rotativo que para él “no ha llegado la justicia y probablemente para muchos no llegue”.
“Porque no hay dinero que pague la vida de quienes murieron calcinados; y el que estaba a cargo en ese entonces, hoy sigue en su cargo, mucha gente ama a la Presidenta, yo respeto al pueblo mexicano, pero es él el primero que debió salir con el nuevo Gobierno”, señaló.
El INM indicó que hasta marzo del año pasado, de las 54 estancias migratorias con las que cuenta para alojar a la población de estatus irregular, 33 continúan suspendidas temporalmente desde el 29 de abril de 2023, cuando el instituto solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) certificar sus condiciones y determinar cuáles deben cerrar, rehabilitarse o continuar.
A pesar de lo anterior, hasta la fecha no existe una actualización por parte del Instituto Nacional de Migración en cuanto al estatus y condiciones de las estaciones migratorias.
Por ello, la Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, solicitará reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, para conocer los datos más recientes sobre las personas indocumentadas que están el el territorio y la atención que se les brinda en las estaciones migratorias que hay en el país.
EU busca vigilar la frontera con satélites
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó a dos agencias de inteligencia que entrenen sus capacidades de vigilancia por satélite en la región fronteriza con México, como parte de una ofensiva contra la migración y los cárteles de la droga.
De acuerdo don la agencia de noticias Reuters, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que forman parte del Departamento de Defensa del país vecino, supervisan los satélites espía y analizan las imágenes para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia.
Reuters no logró determinar si el esfuerzo, del que no se ha informado previamente, recopilaría imágenes del territorio estadounidense.
A preguntas de esta agencia de noticias sobre sus funciones en la vigilancia fronteriza, la NGA contestó que había creado un grupo de trabajo para coordinar su “apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos”
Mientras que la NRO indicó que se estaba asociando con la comunidad de inteligencia y el Pentágono “para asegurar las fronteras de Estados Unidos”.
Redacción