El 2024 cerró con el número más bajo de la década en solicitudes aceptadas de personas defensoras para acceder a protección, en la cual, las agresiones han emanado principalmente de servidores públicos.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Gobernación (Segob), al cierre del 2024 hubo 117 solicitudes de adhesión al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentadas por activistas, de las cuales únicamente fueron admitidas 20, es decir, 17 por ciento.
La cifra es la más baja desde el 2014, cuando se validaron 18 peticiones; sin embargo, fue más de la mitad de las 27 que se presentaron entonces.
- El Dato: El Mecanismo de Protección Federal sufrió una reducción presupuestal del 4.27 por ciento, pasando de 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 mdp en 2025.
De hecho, es a partir del 2021 cuando comenzó el aumento en las declinaciones sobre las peticiones de apoyo, que hasta antes de dicho año se mantenía por debajo de la veintena, pero luego subió a 39, 103 para 2022, 107 para 2023 y 97 rechazadas en el 2024. En el primer bimestre de este 2025 se presentaron ocho y únicamente una pasó.
El último informe actualizado a febrero de este año, y que data desde 2012, permite observar que, de las 786 agresiones documentadas contra este sector, 290 fueron cometidas por servidores públicos; en segundo lugar, particulares, con 261. En 235 casos no se ha identificado al perpetrador. Por tipo de agresión, 498 fueron calificadas como amenazas; 168, como agresiones físicas y 36, como secuestros.
En este contexto, el mecanismo ha brindado dos mil 153 medidas de protección extraordinarias desde el 2012, en las cuales también se observa un declive drástico correspondiente a la tendencia descendente en admisiones al mecanismo. Y es que de las 372 que brindó en 2023 como número máximo, al menos en el último lustro cayó a 73 en el 2024.
Las medidas más otorgadas por el mecanismo han sido el botón de asistencia y un número de contacto de emergencia; las de menos otorgamiento: manuales de autoprotección, gestiones, equipos de comunicación, inmuebles con infraestructura y escoltas.
En cuanto a las medidas ordinarias, que ya suman 17 mil 432 concedidas, las otorgadas en menor medida son los refugios, esquemas de escolta y medidas de prevención.
Hasta el último corte, mil 321 personas defensoras de derechos humanos son beneficiarias del mecanismo en México. Geográficamente, los estados que concentran 49.4 por ciento del total son sólo cinco: Oaxaca, con 161; Ciudad de México, con 132; Jalisco, con 127; Michoacán, con 124, y Chiapas, con 109.
En contraste, los indicadores más bajos están en Colima y San Luis Potosí, con nueve cada uno; Nuevo León y Zacatecas, con siete; Aguascalientes, con cinco; Tlaxcala, con cuatro; Baja California Sur, con tres, y Campeche, con cero.
Apenas el 30 de marzo se registró el asesinato, presumiblemente a manos del crimen organizado, de Juan Pablo Estrada, quien fue identificado como activista del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente, que hacía un llamado a la paz en la región.
El homicidio se inserta en una lista de más sectores afectados y que también se dedican a labores por los derechos humanos, como los colectivos de personas buscadoras de desaparecidos, y desde donde también se ha comenzado a hacer un llamado a incluir estrategias para su cuidado, ante agresiones que ven cada vez más comunes en su contra, como el asesinato de la madre buscadora Teresa González, ultimada la semana pasada y que, de acuerdo con testimonios, habría recibido amenazas de muerte previas.
Al respecto, Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, por la UAM, consideró que las familias, como víctimas, deben recibir más apoyo, pues en la carencia de éste se ve reflejada la “pasividad” de las autoridades, evidenciada desde antes por dar pie a que sean las familias quienes busquen a sus seres queridos.
“Si estás haciendo investigaciones, cuanto más si estás haciendo una búsqueda, cuanto más si has recibido amenazas previas de cualquier tipo, si le vamos sumando, ciertamente esto debería generar mayor preocupación en el Estado”, dijo.
Coincidió con lo que apuntan los informes del mecanismo, en cuanto a que a muchos activistas se les rechaza el ingreso a dicha herramienta, ante lo cual exhortó a realizar una revisión mayor sobre los requisitos que se consideran.
La CNDH rechaza crisis de desapariciones aquí
| Por Yulia Bonilla
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó los señalamientos que este fin de semana hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas contra de México, respecto a que las desapariciones se cometen de manera “sistemática”, y negó que en el país haya una crisis de desapariciones.
Aunque el órgano defensor coincidió en que las desapariciones persisten en el territorio nacional, estimó que la acusación sobre las razones parte de un desconocimiento que resta seriedad al análisis hecho sobre la situación mencionada.
“Rechazamos que se viva una crisis de desapariciones en México y, más aún, que éstas sean consecuencia de una política de Estado. Creemos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU está totalmente descontextualizado”, indicó.
- El Tip: Entre finales del 2019 y lo que va del 2025, en Jalisco se han acumulado 3 mil expedientes de investigación.
Criticó otras misiones internacionales que se han presentado en el país en el pasado, al afirmar que sus acciones fueron ineficaces e incluso llegaron a agudizar la problemática por la cual intervienen.
“La presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior han probado su poca eficacia y, en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se pretende remediar”, dijo.
En este contexto, la CNDH anunció la apertura de una nueva oficina en Guadalajara, Jalisco, para abonar en la protección de derechos humanos por medio de una estrategia preventiva que responda a la “realidad” que vive la región, así como un análisis hecho a la misma, pues se identificó que era necesario actualizar algunas ubicaciones para mejorar la atención a la población.
Además, dio a conocer que ha recibido solicitudes de víctimas y colectivos para coordinarse con los grupos de búsqueda y autoridades, con el fin de hacer un “frente común” contra la violencia, principalmente del crimen organizado.
