La justicia electoral no puede ser un privilegio de unas cuantas personas, pues el acceso a ella es el fundamento para el ejercicio de los derechos político-electorales, y estos a su vez son la puerta para abrir y defender los derechos humanos básicos, así lo afirmó la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora.
Al impartir la conferencia magistral “El enfoque interseccional en las sentencias del TEPJF”, en el marco de los “Diálogos con la Defensoría Pública Electoral”, la magistrada Otálora Malassis advirtió que la justicia no puede conformarse con resolver controversias legales, sino que debe buscar cambiar las condiciones estructurales de exclusión y de desigualdad que persisten en el país.

En ese sentido, expuso que con esa perspectiva el Tribunal Electoral ha fungido como un órgano garante de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, sin importar su origen, su cuerpo, su identidad, su ubicación geográfica, su edad o la historia personal de quienes han demandado justicia electoral.

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Consideró que la confianza en las instituciones electorales y judiciales depende en gran medida de la capacidad de quienes las integran de responder a la demanda social de ver, escuchar e incluir a todas las personas.
En su mensaje inaugural de este foro, sostuvo que la justicia electoral no puede ser un concepto abstracto, sino una herramienta viva que permita transformar realidades para asegurar que cada persona, en cada rincón del país, pueda ejercer plenamente y con dignidad su ciudadanía.
Por ello, Otálora Malassis se pronunció por que ninguna voz en el país quede fuera ni sea invisibilizada en la construcción democrática. Todas las personas deben tener las mismas oportunidades para poder alzar la voz y con ello incidir en la construcción de las políticas públicas, añadió.
En ese sentido, destacó que la Defensoría Pública Electoral del TEPJF permite que todas las personas sean escuchadas y puedan participar en la conducción política de los asuntos públicos y exigir políticas que también respondan a las necesidades de toda la ciudadanía.
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