Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión que derivó en su captura por la investigación de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
El Juzgado Décimo de Distrito en Baja California admitió la demanda, aunque hasta ahora no ha informado si concedió la suspensión provisional solicitada.
- EL DATO: LA OPERACIÓN de la FGR incluye órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y otros servidores públicos.
La defensa presentó el recurso el 16 de julio, el mismo día en que agentes federales detuvieron al exgobernador en Ensenada, antes de que fuera trasladado y puesto a disposición de autoridades federales.
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En la demanda, los abogados impugnaron 17 actos atribuidos a autoridades judiciales, ministeriales y policiales.
La impugnación no se limita al mandato de aprehensión, pues también cuestiona la solicitud formulada para obtenerlo, la ejecución del operativo y las decisiones adoptadas durante el periodo de custodia.
Dentro del expediente figura la expedición de la orden, así como las instrucciones que permitieron detener a Ruffo y entregarlo a corporaciones distintas de aquellas que intervinieron inicialmente. El documento incluye además cualquier disposición para trasladarlo fuera de Ensenada por tierra o aire.
También aparecen reclamos por la falta de información inmediata sobre su ubicación, posibles obstáculos para entrevistarse en privado con familiares o representantes legales y actos que impidieron ratificar la demanda. El planteamiento incorpora el suministro de medicamentos, la continuidad del tratamiento, una valoración clínica y eventuales irregularidades en el Registro Nacional de Detenciones.
Con la admisión, el juzgado abrió el procedimiento constitucional y deberá solicitar informes a las autoridades señaladas. Esa determinación no cancela la captura, tampoco ordena la libertad del exmandatario ni resuelve si la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó los delitos atribuidos. El análisis de fondo ocurrirá en una etapa posterior. Otro juicio de amparo surgió después de la detención ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada.
Ese asunto recibió el número 764/2026 y concentró los reclamos por privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura, malos tratos y afectaciones contra la integridad personal. La instancia concedió una suspensión de plano ante la naturaleza de los actos denunciados.
Frente a ese primer recurso, la protección judicial tuvo un alcance distinto al de la nueva demanda. La medida ordenó evitar aislamiento o agresiones bajo custodia, además de preservar el contacto con la defensa, pero no dejó sin efectos la orden de aprehensión ni impidió que las autoridades continuaran el traslado.
Bajo la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales deben conceder de oficio y de plano la suspensión cuando una persona denuncia ataques contra la vida, incomunicación, desaparición forzada, tortura o privación de la libertad fuera de procedimiento. La resolución urgente busca impedir daños irreparables, pero no acredita por sí sola que las conductas señaladas hayan ocurrido.
Ninguna de las determinaciones conocidas ha invalidado el mandato judicial relacionado con la investigación por delincuencia organizada y contrabando de combustibles. Las medidas adoptadas hasta ahora se han concentrado en proteger la comunicación, la salud y la integridad de Ruffo, mientras el Juzgado Décimo estudia el recurso que combate de manera directa el origen y la ejecución de su arresto.
Con un retraso de más de dos horas y media, ayer inició la audiencia a puerta cerrada en la que la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, resolverá si Ruffo Appel, y otros siete coacusados son vinculados a proceso por el caso de presunto huachicol fiscal. Hasta el cierre de esta edición, la diligencia judicial continuaba.
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