Un total de 242 funcionarios enlistados en la nómina del Gobierno federal recibieron pagos por 5 millones 110 mil 902 pesos como beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas insignia de la actual administración, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2022.
De acuerdo con el segundo informe de fiscalización de la ASF, también se encontraron irregularidades por el extravío de 355 tarjetas bancarias del Banco del Bienestar en el estado de Michoacán vinculadas con dicho programa que estaba a cargo de la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ya que no fueron reportadas para su cancelación.
“Se determinaron deficiencias en la operación del programa debido a que se realizaron pagos a 242 beneficiarios por 5 millones 110 mil 902 pesos, quienes se localizaron dados de alta como trabajadores en dependencias públicas, durante el mismo periodo en que se encontraban en capacitación en los centros de trabajo”, estableció el órgano de fiscalización.
La ASF reportó que la Secretaría del Trabajo no gestionó la desvinculación de los beneficiarios del programa de las cuentas bancarias de 5,491 tarjetas no entregadas en los estados de Michoacán, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.
Asimismo, encontró que la dependencia laboral no supervisó los acuerdos que el Comité Técnico del programa se publicaran en la página de internet, y que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos y documentación de acuerdo con la norma.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se creó en 2019 para jóvenes de 18 a 29 años, los cuales recibirán capacitación en algún centro de trabajo hasta por 12 meses y a cambio reciben una beca mensual de 6,200 pesos.
En los resultados, observaciones y acciones de la auditoría, se originaron cuatro recomendaciones, una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un pliego de observaciones.
ASF ve probable daño al erario por 5,788 mdp
En la segunda entrega de la Cuenta Pública del 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un probable daño al erario por cinco mil 788 millones 160 mil pesos, correspondientes al monto que las entidades de la administración pública no han aclarado.
De acuerdo con el documento, la mayoría corresponde al gasto federalizado; es decir, en las entidades federativas, por cuatro mil 664 millones 950 pesos, seguido por el gasto en desarrollo económico, por 824 millones 733 mil pesos.
De esta forma, se establece que, en suma, el monto por aclarar respecto a la primera y segunda entrega de la Cuenta Pública del año pasado es por cinco mil 849 millones de pesos.
Se detalla que ni la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ni el Poder Legislativo, tuvieron montos por subsanar.
Respecto al Poder Judicial, se apunta que hubo observaciones por 37 millones 105 mil 800 pesos, de los cuales quedan pendientes por aclarar un millón 518 mil pesos.
Al presentar el informe, los partidos de oposición le exigieron transparencia al titular de la ASF, David Colmenares, sobre todo ahora que se aproximan las elecciones presidenciales.
El auditor detalló que el programa anual de auditorías se integra por dos mil 125 acciones de fiscalización, lo cual se encuentra 75 auditorías por arriba de lo correspondiente al 2021; además, se compone de 157 entes auditados, que representan más del 50 por ciento del total.
De las 708 auditorías que se presentan en esta segunda entrega, resaltó que 541 corresponden al gasto federalizado, donde el monto por recuperar asciende a 4.6 miles de millones de pesos.
Adelantó que se practican auditorías forenses a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); la red de abasto Diconsa; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), entre otros, cuyos rubros de revisión se refieren a subsidios, compra y distribución de víveres, pensiones, servicios inéditos quirúrgicos, hospitalarios y más, los cuales se presentarán en la tercera entrega, a realizarse en el 2024.
En su mensaje, el bloque opositor coincidió en demandar al auditor un trabajo transparente y que se robustezca, para que la población tenga claridad en la rendición de cuentas, sobre todo de cara a las elecciones del próximo año.
“Más información para que la ciudadanía tome decisiones con mayor objetividad y así evalúe a la función pública, a sus gobernantes, porque la renovación del poder público requiere más y mejor información y esta comisión, la Cámara y la ASF van a ser pieza clave”, dijo el panista Guillermo Octavio Huerta.
El emecista Mario Alberto Rodríguez Carrillo manifestó su preocupación por el retraso que se presenta en la ASF respecto a los montos a recuperar, por lo que urgió a establecer mesas de trabajo para resolver esta problemática.
El morenista Martín Sandoval defendió el ejercicio del gasto público, al asegurar que se ha priorizado el bienestar de la población y en apego al marco constitucional.
Durante la reunión, la panista María Elena Pérez-Jaén se puso de pie a un costado del auditor Colmenares, mientras exponía detalles de la última entrega de la Cuenta Pública, y extendió la página de un periódico en el que se señala que la ASF se ha resistido a revelar las auditorías de Segalmex.
JVR
