En los últimos dos años y ocho meses hay registro de por lo menos 28 ataques en contra de delegados, agentes y ministerios públicos federales. Del total de agresiones, 12 corresponden al 2021, nueve al 2022 y por lo menos siete en lo que va de este 2023.
Derivado de dichas agresiones, en sólo dos casos las víctimas lograron salvar la vida, de acuerdo con un recuento que realizó La Razón.
El caso más reciente tuvo lugar ayer, cuando el delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero, Fernando García Fernández, fue asesinado en calles del municipio de Chilpancingo, en un ataque directo perpetrado con armas de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario federal conducía su vehículo al momento de ser atacado y momentos después se impactó contra el portón de una casa; en ese lugar murió casi al instante, pese a los intentos de los paramédicos para reanimarlo.
La FGR dio a conocer que, en coordinación con el Gobierno del estado, las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), ha efectuado diversas acciones con los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz para establecer las líneas de investigación encaminadas a aclarar el homicidio.
En un comunicado, aseguró que en el estado ya se encontraban equipos especiales, como ministerios públicos federales, elementos de inteligencia, de investigación y servicios periciales, para esclarecer el hecho.
En los últimos meses, sin embargo, otros funcionarios federales del área de justicia han sufrido agresiones, como en el caso del fiscal regional en la zona de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, cuando un comando lo levantó cerca de su domicilio, para luego ejecutarlo con cerca de 50 balazos.
Está también el secuestro de la agente del Ministerio Público (MP) Patricia Salgado, en Coyuca de Catalán; el homicidio de un agente en Acapulco, un mando en San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como un perito en el mismo estado y otro más en Puebla, apenas en junio pasado.
A esta ola violenta se suman los 12 agentes asesinados durante el 2021, mientras que en el 2022 hubo nueve, entre ellos seis agentes de la FGR que fueron hallados abandonados en una camioneta en Tijuana, Baja California.
Del total de agresiones, sólo en dos casos las víctimas lograron salvar la vida: uno el año pasado, luego de un ataque armado, y el de la MP secuestrada.
Frente a este escenario, María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común, aseguró que los ataques y agresiones en contra de elementos del sistema de justicia se basan en la falta de compromiso de las autoridades por combatirlos, lo que se traduce en impunidad y falta de miedo de los grupos delictivos para ultimarlos.
“En teoría es que nadie manda, pues los criminales ya no tienen miedo a las fiscalías, porque la impunidad es de cerca del 100 por ciento. Lo más fácil es matar y no pasa nada, mientras el Estado se descompone a pasos adelantados”, consideró.
Dijo que los grupos criminales atacan a los agentes para que no los persigan o para que las carpetas en su contra se queden en el olvido.
“A veces las fiscalías son inexistentes y cuando tratan de hacer algo, están completamente vulnerables los fiscales. Lo que esperamos es que, a medida que vayan acercándose las elecciones, la ola de violencia vaya en aumento y que el narco o los grupos criminales sean parte importante de esta violencia”, estimó.
Comentó que no se ha invertido en fiscalías o procuradurías, además de que la GN no ha cumplido su responsabilidad.
Para el abogado penalista Juan Velázquez, en los atentados en contra de las fiscalías, que son las encargadas de investigar y perseguir los delitos, los agresores muestran un desprecio a la justicia y hacen todo por terminarla, y que no tienen temor de asesinar.
“Sus acciones las realizan porque saben que van a quedar sin castigo en tanto la impunidad reine a nivel nacional, pero particularmente en zonas de presencia de grupos organizados. Me parece que los funcionarios y encargados de investigar delitos viven intimidados y tienen temor por sus vidas”, señaló.
Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, dijo que la impunidad es un factor preponderante, además de que estos hechos son muestra de la descomposición e ingobernabilidad que hay en el país.
“Lo más grave es la impunidad que hay en México y basta ver la cantidad de homicidios sin resolver, ya que la fiscalía no tiene el poder de investigación necesaria. Hay demasiada ingobernabilidad en el país, pues también es una muestra del poder de la delincuencia organizada”, dijo la activista.
Además, indicó que los fiscales y quienes resguardan la seguridad en el país deben tener mayor protección, pero aclaró que esto se terminó con la política de austeridad.
