Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general, con 258 votos a favor, la minuta de reforma a la Ley de Amparo con la que se se suprime la posibilidad de que jueces concedan suspensiones con efectos generales al momento de atender un amparo ante reformas o mandamientos que se consideren violatorios de derechos.
Ahora el pleno pasará al desahogo de casi una centena de reservas con las que la oposición intentará cambiar algo, mientras que el bloque de la 4T las aprovechará para extender el debate.
En el debate, la oposición advirtió que en cuanto el decreto se publique acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que el bloque guinda advirtió que promoverá más reformas al sistema judicial, donde una de ellas será abrir la posibilidad de tirar las resoluciones de la Corte.
La diputada morenista Adriana Bustamante recalcó que cuando se dicten suspensiones ante juicios de amparo, tendrán efectos generales como hoy ocurre, para así garantizar el “respecto irrestricto a la división de poderes” y también a la presunción de constitucioalidad de lo que se aprueba en el Congreso.
Tras pedir a la población que “no crea las mentiras de la oposición”, negó que el proyecto quiera limitar o reducir el efecto protector del juicio de amparo, porque considera que esta es la herramienta de defensa ante abusos de autoridad; sin embargo, acusó que el Poder Judicial decide bajo criterios unipersonales y bajo la discrecionalidad, que durante seis años ha “utilizado este mecanismo para hacer de las suyas”.
En un intento por frenar la discusión y votación de esta reforma, el coordinador del PRD, Javier Huacus estimó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará la inconstitucionalidad del proyecto, pues aseguró que es violatorio del artículo primero del principio de progresividad de los Derechos Humanos, los artículos 103 y 107 de la Constitución, artículo 25 de la Convención Americana sobres derechos humanos y el segundo pacto internacional de derechos civiles y políticos.
“Están eliminando las garantías individuales de los ciudadanos, básicamente su gobierno quiere que el pueblo no se queje, que el pueblo no levante la voz”, dijo en tribuna.
La emecista Fernanda Félix Fragoso recordó que cuando un juez concede una suspensión a una persona que se ampara ante un acto que considera violatorio a sus derechos, dicha suspensión implica que tal acto no sólo debe ser frenado en cuanto a dicha persona, sino también para otras que se encuentren bajo el mismo supuesto, es decir, que con la queja de una sola persona, las demás bajo la misma condición quedaban protegidas hasta que el asunto fuera resuelto de fondo.
Cuestionó que la Cuarta Transformación tenga como principio “primero los pobres”, pero que hoy impulse este proyecto, pues explicó que al eliminarse la facultad a jueces para otorgar suspensiones con efectos generales, entonces cada ciudadano que vea afectados sus derechos tendrá que costear el amparo al que decida recurrir
“La justicia sólo se aplicará a quienes pueden pagarla, dejando otra vez indefensos a los más pobres, a quienes dicen defender”, reclamó.
Arropada por la bancada panista que subió con carteles en los que se leía “#JusticiaParaTodos”, Lizbeth Mata Lozano recordó que suspensiones como las que se acotan con esta reforma fueron las que permitieron a las y los niños recibir vacunas contra COVID-19.
Entre los gritos de morenistas que recordaban la tragedia en la Guardería ABC, la exprimera dama Margarita Zavala ejemplificó que unos perjudicados de esta reforma serán aquellos que vean afectados sus derechos con la otra reforma que Morena y aliados aprobaron en San Lázaro y que harán lo mismo en el Senado, en materia de pensiones, porque cada ahorrador deberá desembolsar para costear su propio juicio de amparo.
Luego de las descalificaciones e insultos que emanaron de la oposición contra el bloque de la 4T, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo salió en defensa del proyecto, bajo el argumento de que jueces ahora gobiernan el país y dictan suspensiones casi de manera inmediata contra leyes que avalan en el Congreso, sin haber estudiado más el asunto.
Advirtió que para la próxima Legislatura, su partido promoverá una “gran reforma en materia de justicia constitucional”, para modificar la interpretación de jueces, para definir lo que se entiende por interés legítimo y cambiar el alcance del artículo primero de la Constitución en cuanto al principio de progresividad, con el que se impide que haya reformas que representen una regresión a los derechos; también para que la Constitución esté por encima de los tratados internacionales y para que en el Senado o la Cámara de Diputados, con dos terceras partes de sus integrantes se pueda revocar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta enfrente una consulta antes de emitir una resolución.
JVR
