Por encima de los intentos de la oposición para frenar el proyecto que consideró militarista para el país y violatorio de tratados internacionales, el bloque de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la tercera de las 20 reformas presidenciales constitucionales, con la que la tutela de la Guardia Nacional (GN) se traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Tras ocho horas de un ríspido debate, esta reforma recibió 362 votos a favor –tres más que en la reforma judicial– y 133 en contra, para luego ser enviada al Senado, donde seguirá el trámite correspondiente para el que Morena y aliados también tienen los votos con los cuales sacarla adelante.
El proyecto supone cambios a 12 artículos (13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129) de la Constitución Política, con el que la Guardia deja de ser considerada una institución policial de carácter civil y pasa a ser denominada “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial”, dependiente de la Sedena, en apego a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y le concederá la facultad para investigar delitos.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que con esto se abre la posibilidad de que militares entren a los hogares sin necesidad del Ministerio Público.
La GN pierde su carácter civil y se convierte en un cuerpo policial militar. Porque con esta reforma la participación de las FA en tareas de seguridad pública deja de ser excepcional y complementaria para convertirse en permanenteLorena Piñón<br>Diputada del PRI
“Tampoco van a necesitar al Ministerio Público para entrar a la casa de ninguno, que va a ser el Ejército. Dentro del Ejército hay voces que no están de acuerdo, porque el prestigio del Ejército no basta para tener seguridad, pero también el prestigio del Ejército se puede acabar”, comentó.
La persona que asumirá la Comandancia de la GN, que deberá ostentar el grado de General de División de la misma institución, será designada por la Presidencia con base en la propuesta que le haga la persona a cargo de la Sedena, pero en tanto no emane de dicha institución, la asignación recaerá en un general de División del Ejército, “capacitado” en materia de seguridad pública.
El legislador panista Héctor Saúl Téllez recordó que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior en el 2017, su bancada y Morena se opusieron al plan y presentaron una acción de inconstitucionalidad junto al PRD y MC; luego reprochó que en el 2019 la oposición concedió un voto de confianza para crear a la GN como un ente civil y no militar.
El exsubsecretario de Seguridad y hoy diputado por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, defendió la reforma al caracterizarla como un blindaje para la Guardia, además de que formaliza “una realidad que ya existe” para garantizar que la institución cuente con una formación, disciplina, control y orden incuestionable, de forma que no termine de la misma forma, dijo, que la extinta Policía Federal.
Un primer momento de tensión en el pleno se dio cuando el panista Miguel Ángel Monraz subió a tribuna arropado por sus compañeros, que cargaron carteles con las fotografías y publicaciones que dan cuenta del rechazo a la militarización que años atrás sostenía.
Esto hizo que morenistas, petistas y pevemistas se levantaran de sus curules a gritos e insultos contra los opositores e incluso unos se aproximaron al atril para enfrentarlos, pero un llamado al orden desde la Mesa Directiva los devolvió a su lugar.
Una vez alcanzada la aprobación en lo general, el pleno pasó al desahogo de 433 reservas, para el que se preparó un debate de al menos siete horas, lapso dentro del cual el morenista Javier Borrego Adame instó a la oposición a responder a la pregunta: “¿Quién heredó todo este desma… que tenemos todavía ahorita y que el Presidente de la República, Andrés Manuel, ha estado queriendo controlar?”.
La panista Paulina Rubio reprodujo declaraciones de antaño del Presidente, con las que pedía entender que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”. Y luego se refirió al bloque de la 4T como carentes de sensatez y libertad de pensamiento, que hoy se han convertido en “lacayos de un hombre cuya incongruencia es más que evidente”.
Los coordinadores parlamentarios subieron para hacer un llamado al orden, que terminó por convertirse en un intercambio pasivo de amagos sobre el nivel de enfrentamiento que podría alcanzarse en el salón de sesiones si las acusaciones y señalamientos continuaban.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo a la oposición que México no merece “debates tan de bajo nivel de ofensas” y advirtió que con la mayoría calificada que la 4T tiene ahora, no se les puede pedir callar si se lanzan agresiones contra el Presidente o la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.
“Somos mayoría calificada y no nos pidan que mantengamos silencio cuando se agrede impunemente al Presidente de la República, a la Presidenta de México… Yo le pido al PAN: hagamos un esfuerzo. Tampoco es indispensable; si no lo quieren hacer, vamos a tener que responder con la misma furia”, advirtió.
A esto, el vicecoordinador del PAN, Elías Lixa, respondió al morenista: “Cuando hay ofensa, hay respuesta; por eso le digo con la misma firmeza que, ante las ofensas, el PAN está dispuesto a responder políticamente. Probablemente los números hoy sean distintos pero aquí estamos con la voluntad intacta”.
Piden rechazar “militarización”
Expertos en derechos humanos advirtieron que la reforma constitucional que incorpora a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), militariza al país y a la Constitución Política, por lo que llamaron a legisladores a no dejarla pasar.
Arcelia Manríquez, del colectivo Seguridad sin Guerra, que agrupa más de 300 organizaciones civiles, señaló que una GN militarizada es una innegable continuidad con la estrategia de seguridad fracasada de los gobiernos anteriores.
“Tras 16 años de transitar esa ruta, hoy sabemos que ha exacerbado la violencia y, además, nos ha llevado a la más grave crisis de derechos humanos que México haya conocido. Hoy, la tortura y otras violaciones de derechos humanos son herramientas de rutina de las autoridades de seguridad, pero la militarización no es la via”, señaló.
También advirtió que la aprobación de esta reforma eliminaría las restricciones democráticas que la Constitución impone sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a su competencia.
“Si se aprueba implicaría una militarización total y permanente de todo el orden jurídico mexicano (...) eliminando la esperanza de contar con una policía civil federal y ampliando el fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional que cometan delitos o violen derechos humanos”, dijo el grupo, integrado por más de 300 organizaciones, especialistas, defensores y activistas.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, coincidió en que el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena sería un paso hacia la militarización.
