En 2019, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que en los últimos ocho años y medio registró pérdidas de más de tres mil millones de pesos por la toma de casetas por parte de grupos disidentes, la cifra es similar a las reportadas por la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) sólo en los primeros nueve meses de 2020: tres mil 150 millones de pesos.
Las restricciones por la pandemia no han inhibido esta práctica, común en los más de 400 mil kilómetros de la red de carreteras de México. Sólo en el último mes —de acuerdo con un recuento de La Razón— hubo más de 30 tomas, la zona más afectada fue el centro, como en CDMX, Morelos, Querétaro y Toluca.
Sin embargo, éstas afectan a por lo menos a 10 entidades, como Michoacán, Chihuahua, Baja California, Nayarit, Guerrero y Zacatecas. En medio de la crisis económica que vive el país, bloquean el paso y cobran cuotas de hasta 250 pesos a automovilistas para dejarlos pasar.
De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, la mayoría de tomas en los últimos meses está ligada al grupo delictivo Guerreros Unidos. Lo anterior, lo dio a conocer el fiscal estatal, Uriel Carmona, luego del arresto de 78 personas involucradas en la toma de casetas en esa entidad.
El delito —de tipo federal, que se castiga con hasta 30 años de prisión— también ha generado la movilización de elementos de la Guardia Nacional (GN) por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de ello, el problema se ha vuelto un acto cada vez más violento, al grado de que se opta por secuestrar a choferes de autobuses con la finalidad de que los manifestantes lleguen en grupos a las casetas, levanten las plumas e impidan el paso a los automovilistas, incluso ante la presencia de elementos de la Guardia.
Esto ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando un grupo de encapuchados tomó la caseta de Alpuyeca en Morelos; de acuerdo con los reportes, la mayoría de los manifestantes provenía de Guerrero. Sin embargo, también había personas de Michoacán y la Ciudad de México. Los manifestantes arribaron a bordo de autobuses, cuyos conductores presuntamente fueron secuestrados con este fin.
UN FORO COMÚN GANAR DINERO.
Aunque no todos los grupos se identifican, se ha visto un abanico variado de los que toman casetas. Desde el pasado 15 de septiembre a la fecha se detectó desde quienes exigen esclarecer la de-saparición de los normalistas de Ayotzinapa, activistas feministas, personas que perdieron su empleo por la pandemia, hasta miembros de la industria del entretenimiento y de telecomunicaciones, y exempleados que exigen sus pagos.
Aunque la mayoría de las tomas duran pocas horas, en algunos casos se han extendido varias semanas, lo que repercute en los automovilistas afectados, “antes se veían tomas, pero no era muy frecuente”.
“Este año ha sido cuando más me he topado con que está bloqueado y se genera más tránsito. Piden dinero, andan boteando. Me ha tocado que voy a trabajar y están, y cuando vengo de regreso, otra vez”, comentó a este diario Beatriz Vargas, habitante de Morelos que viaja a la capital por motivos laborales.
Apenas el pasado 27 de septiembre, la GN, en coordinación con autoridades locales, liberó ocho casetas de la autopista Tepic-Mazatlán, en Nayarit, tomadas durante siete meses: Ruiz, Acaponeta, Trapichillo, Matanchén, Santa María del Oro, La Cantera, Compostela y Amado Nervo. Para pasar, los manifestantes —presuntamente ejidatarios— pedían cuotas de entre 50 y 250 pesos, lo que generó pérdidas de cuatro mil millones de pesos.
