Desde el inicio del protocolo expulsor Título 42 en marzo del 2020, el gobierno de Estados Unidos deportó a dos millones 521 mil 195 migrantes irregulares por la frontera sur de ese país, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
De marzo a diciembre del 2020 se contabilizaron 192 mil 618 personas expulsadas de territorio estadounidense; en 2021 fueron un millón 115 mil 724; en 2022 se registraron 988 mil 792, y de enero a marzo del 2023 fueron 224 mil 061.
Aunque el CBP no tiene una contabilidad oficial de expulsiones previas a la aplicación del Título 42, el sitio de estadísticas Statista tiene documentado que, durante los tres años previos, es decir entre el 2017 y el 2019, Estados Unidos expulsó a 975 mil 694 migrantes irregulares, lo cual equivale a que, con el protocolo aplicado durante la pandemia, las deportaciones de personas se incrementaron 158.4 por ciento o, en otras palabras, se multiplicaron 2.58 veces.
No obstante, este miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que, de acuerdo con su Unidad de Política Migratoria, se estima que en tres años de implementación del Título 42 se llevaron a cabo dos millones 825 mil 970 eventos de expulsión de personas por las diferentes fronteras de Estados Unidos.
Al referirse a las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos, José María García, director del albergue Juventud 2000 en Tijuana, Baja California, consideró que el Título 42 fue violatorio de los derechos humanos, al grado de dejar a las personas abandonadas en la frontera.
El Título 42, cuya vigencia expira a las 23:59 horas de este jueves, fue una herramienta que el gobierno de Estados Unidos utilizó para permitir la expulsión inmediata de migrantes durante la pandemia de Covid-19, sin que fueran necesarios juicios de por medio para este efecto.
“El aplicar el Título 42 por Covid-19, a las comunidades las dejaban abandonadas y a su suerte, lo que las puso en riesgo de la violencia. Hubo muchas situaciones en donde los migrantes sufrieron robos, asaltos y demás situaciones. En México hubo mucha desatención para sus cuidados y los dejaron olvidados”, evaluó.
Señaló que, al entrar el Título 8, que sustituirá al 42, se puede repetir el escenario, ya que los van a volver a retornar a México y no se vislumbra algún cambio, ya que se quita uno y se pone otro programa, pero advirtió que la nueva reglamentación dará lugar a que, si arrestan a los migrantes, les pueden dar hasta cinco años de cárcel.
“Hay mucha desinformación por parte de la misma comunidad, pues en el albergue muchos preguntan que si se van a abrir las fronteras para cruzar. Yo les digo que no se van a abrir, pero tienen la necesidad de cruzar y la situación es mucho más difícil. De cualquier manera, seguirán cruzando y eso no se va a acabar, informada o desinformada”, agregó.
Con el Título 42, los agentes de la Patrulla Fronteriza podían expulsar inmediatamente a los extranjeros, para que no pusieran en riesgo de contagio de Covid-19 a la población estadounidense. Esta medida sirvió para controlar los flujos migratorios de manera coercitiva en el 2020 y parte del 2021, hasta que llegó la vacuna y la apertura de las fronteras.
Para Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), la política fue mala y cínica, debido a que no se creó por temas de salud, sino por temas políticos.
“Desde cuándo estamos diciendo que el Título 42 es una medida que no estaba realmente basada en la emergencia sanitaria, sino que el (ex) presidente (Donald) Trump lo hizo para cerrar la frontera por temas electorales, pero las nuevas políticas también pueden tener un impacto mayor”, anticipó.
La especialista advirtió que ahora, bajo el Título 8, se va a deportar a miles de personas y México no cuenta con suficiente apoyo para recibirlos en las fronteras, pues los albergues en el norte están a punto del colapso y no se sabe hacia dónde van a ir los migrantes, quién los atiende y cómo se desplazan.
Señaló que los migrantes que pasen sin su cita de la aplicación CBP One, para tramitar su solicitud de asilo ante Estados Unidos, serán rechazados de inmediato, puesto que tienen que hacer su trámite en los países de tránsito como México, donde los deben haber rechazado para que sean candidatos a quedarse en Estados Unidos.
“Todo eso es violatorio de derechos humanos y se va a ir extendiendo al paso de los meses; por ello, ya hay abogados en ese país que van a comenzar a litigar, porque se vislumbran más violaciones de derechos humanos”, apuntó.
Kuhner mencionó que el panorama que se viene es sumamente complicado, ya que ahora hay consecuencias penales, si es que pasan de manera reiterada e irregular, pues se impone también una pena de cinco años sin poder regresar, lo que complica la travesía de los migrantes.
Apenas ayer, más de 50 organizaciones civiles alertaron sobre el riesgo de la deportación de migrantes hacia México, debido a que se ponen en riesgo, no hay suficientes albergues para atenderlos y no hay información del Gobierno federal para conocer cómo se va a recibir a la gente.
Y miles permanecen en la franja fronteriza
Miles de migrantes de Centro y Sudamérica esperan el fin del Título 42 en la frontera entre México y Estados Unidos, y en las siguientes horas se podrían dar cruces masivos o entregas a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
La mañana de ayer, los indocumentados amanecieron muy cerca de las diferentes entradas al muro, descansando en casas de campaña y campamentos improvisados; incluso, en algunos casos los extranjeros irregulares ya se han entregado a los agentes migratorios.
La presencia en esos sitios se debe a que la gente espera que a partir de las 00:00 horas de este viernes se abran las fronteras y comiencen a recibir personas, lo que no sucederá. Los migrantes se han autonumerado para no perder su lugar en la fila que hicieron para ordenarse y evitar que lleguen más personas y se metan; sin embargo, han tenido que esperar hasta siete días para ser los primeros.
Las personas están conscientes de que tal vez no puedan pasar; sin embargo, aseguran que lo seguirán intentando, aunque fallezcan en el intento. “Si nos regresan y no nos aceptan, lo vamos a tener que intentar de nuevo, no vamos a parar en nuestro sueño”, dijo uno de los migrantes.
Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, informó que grupos defensores de derechos humanos se encuentran en la zona de El Paso, para apoyar legalmente a la gente migrante que ha logrado cruzar. Además, se les brinda alimento y techo en una iglesia mientras se regularizan.
“Muchos migrantes están siendo llevados a los centros de procesamiento para tratar de minimizar el impacto, pero los agentes están basándose mucho en el miedo creíble de las personas, que tengan miedo de regresar a sus países. Hay muchos que tendrán una oportunidad de quedarse, pero la mayoría serán regresados”, dijo.
EU baja asilo y blinda frontera, pero ya la cruzan 10 mil al día
Aunque Estados Unidos insiste en opciones para que los migrantes se regularicen prevé limitar el asilo al recalcar que la frontera sigue cerrada, misma que ya reforzó con 24 mil agentes ante la extinción de la política del Título 42.
Previo al fin de la medida que facilitó miles de expulsiones, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, insistió a quienes esperan cruzar que “no significa que nuestra frontera esté abierta”, pues quienes irrumpan a partir del 12 de mayo enfrentarán “duras consecuencias” por el plan de disuasión.
En conferencia, recordó que el gobierno de Joe Biden lleva más de dos años preparándose para este desafío al transformar un sistema “roto” en uno ordenado, al presionar al Congreso.
Y es que fuentes del gobierno estimaron que las oleadas masivas podrían causar hasta 10 mil cruces o arrestos de indocumentados diarios.
Pero la situación que el presidente anticipó como “caótica” ya se desbordó. Según datos del líder del sindicato de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, retomados por Reuters tan sólo los días 8 y 9 de mayo se superó el pronóstico y se acercan a los 11 mil cada 24 horas sin especificar cifras, mientras aumenta la tensión y la presión fronteriza.
Esas cifras representan casi el doble de las registradas en promedio en los meses en que estuvo vigente esta política con cinco mil 900, cerca de las ocho mil 100 del pico de diciembre pasado con 252 mil arrestos. Además es un alza de 86 por ciento en comparación con las capturas diarias en promedio del último mes reportado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Según medios locales y el gobierno es posible que hoy arriben miles de personas más a los límites entre México y EU, en puntos clave como El Paso, Texas, y San Diego, California, pues temen que se les agote el tiempo para ingresar al país y librar la expulsión, mientras que otros esperan al primer minuto de mañana para ingresar, aunque Washington recalcó que se arriesgan a medidas más severas como la restricción de ingresar por cinco años, según el Título 8, que los tacha de amenaza y que será usado en sustitución de la medida previa, que inició en el 2020.
Mientras se suman más viajeros, pues se detectaron grupos desde Sudamérica y Centroamérica, se estima que en la frontera hay más de 600 ilegales, según información de Inteligencia de hace unas semanas, de los que miles aún esperan respuesta a su trámite.
Pero agentes fronterizos están listos para detener las inminentes oleadas y evitar una saturación con un despliegue numeroso de más de 20 mil efectivos que se suman a soldados, Guardia Nacional, DHS y otras fuerzas del orden.
El dato fue revelado por un funcionario bajo anonimato al precisar que hay “más de 24 mil agentes desplegados en la frontera, así como más de mil 100 coordinadores de la Policía Fronteriza”, sin especificar cuando comenzó tal acción, que no incluye a 550 enviados ayer.
EU adelantó que negará el trámite a quienes no iniciaron la solicitud desde su nación, en puentes internacionales o en la app CBP One, para reducir a los grupos que persisten en la zona, a los que México seguirá recibiendo, según Mayorkas.
Al tiempo que agilizan el procesamiento de quienes se entreguen, por temor o ventaja, en espera de obtener un posible refugio, por lo que se prevé habilitar hasta 100 centros migratorios.
Al respecto, Mayorkas, quien estuvo respaldado por el comisionado fronterizo, Troy Miller, y el comisionado del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, puntualizó que, mientras el Congreso no cambie su postura, pues hacen falta recursos humanos y económicos, la frontera continuará cerrada y sólo darán asilo a quienes cumplan con los requisitos.
Según los planes del gobierno se espera otorgar hasta mil citas al día como parte de la estrategia para trazar una nueva ruta para ingresar de manera ordenada y no masivamente como hasta ahora.
Por ello, el secretario Mayorkas recalcó que las próximas semanas tienen el potencial de ser muy difíciles ante la importante presión al personal e instalaciones, pero darán resultados al recordar que entre diciembre y marzo se redujo 90 por ciento la incidencia migratoria, aunque datos del CBP precisan que la caída fue de 25 por ciento al pasar de 255 mil a 191 mil. Y no adelantó plazos para facilitar el ingreso de quienes se apeguen a la ley.
Y agregó que para detener las caravanas e intentos de cruces masivos reforzarán su plan contra los contrabandistas, uno de los mayores obstáculos para encaminar el sistema migratorio. Apuntó que éstos alientan la irrupción en su territorio con información falsa y sólo por negocio, pues no les importa la seguridad sino las ganancias que obtendrán, especialmente si los migrantes fallan y lo intentan de nuevo, pero suman 10 mil capturas de criminales.
Aún ve CNDH que EU criminaliza los cruces
Aunque celebró la conclusión del Título 42, una política adoptada por el gobierno de Estados Unidos para la expulsión inmediata de personas en contexto de migración en sus fronteras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que se mantienen vigentes otras medidas que criminalizan la migración irregular hacia aquel país.
La CNDH hizo hincapié en que la cancelación del Título 42 no significa que el gobierno de Estados Unidos modifique el sentido sustancial de su política migratoria y autorice el ingreso de las personas migrantes que viajan en condición irregular.
Dicho protocolo se creó para devolver a todos los migrantes que intentaban cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, ya que las autoridades consideraron que los extranjeros eran un riesgo para la salud pública de ese país, al llevar a su territorio el virus SARS-CoV-2.
El órgano autónomo señaló que continúan vigentes las leyes que consideran ilegal en aquel país los cruces irregulares, por lo que aquellas personas sujetas a procedimientos y solicitantes de asilo deberán permanecer en centros de internamiento, en lo que se resuelve su situación.
Advirtió que la normativa que se aplicará a partir del 12 de mayo es el Título 8, que establece consecuencias graves por cruzar la frontera de aquel país de manera irregular.
A través de un comunicado, apuntó que las personas que crucen hacia el país vecino sin solicitar primeramente asilo, serán expulsadas, por lo que el gobierno de ese país ha anunciado que, con el Título 8, “una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente”.
El Título 8 se aplica en el país vecino del norte desde hace varios años y, de igual manera, permite expulsar a la gente que no tenga documentos. Sin embargo, existe la posibilidad de quedarse en ese país tras una entrevista con un agente migratorio, pero debe existir un miedo creíble de la persona al regresar a su país; esto es, que tenga un riesgo inminente de muerte.
En caso de que pase la prueba, debe comparecer ante un juez y puede quedarse en Estados Unidos o México a esperar su resolución. En caso de que no pasen la prueba, son expulsados inmediatamente, pero si la persona intenta entrar de nuevo sin una documentación válida, se le castiga con una prohibición de reingreso de al menos cinco años y posibles procesos penales.
Por ello, la CNDH hizo un llamado a las autoridades federales a crear campañas para que los migrantes conozcan los riesgos de caer en redes de tráfico ilícito de personas, así como de sus derechos humanos y que sepan que el otorgamiento de tarjetas por razones humanitarias, u otro documento que ampare su tránsito en nuestro país, no garantiza que las personas migrantes sean recibidas por Estados Unidos.
Al momento, las autoridades de Estados Unidos tienen instalados dos centros de procesamiento en Colombia y Guatemala, con el fin de que comiencen su proceso desde sus naciones de origen, no hagan el viaje de manera irregular y, sobre todo, no pongan en riesgo sus vidas al contratar polleros o traficantes de personas.
Advirtió también que los migrantes expulsados hacia México pueden estar en riesgo, al no contar con un lugar para quedarse o estar en manos de la delincuencia, como ocurrió al inicio del Título 42.
