La mesa interinstitucional de alto nivel, integrada por legisladores, sindicatos, empresarios y representantes del Gobierno federal, concretó los acuerdos para modificar el dictamen en materia de outsourcing en México, devuelto por la Mesa Directiva del Senado a comisiones y que hoy será discutido, el cual prevé imponer multas de 250 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir, alrededor de 434 mil 400 pesos, a quien utilice la subcontratación de forma dolosa.
El documento de 62 hojas emitido por las Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos, Segunda, elimina equiparar la subcontratación ilegal con delincuencia organizada, y se establece que los contratistas que hayan incurrido en actos simulados para evadir aportaciones al IMSS o el fisco, serán sancionados conforme a la normatividad aplicable.
Te puede interesar: Casos confirmados de Covid-19 se mantienen en 5; hay 39 sospechosos
Entre los puntos esenciales destacan también que todos los contratistas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación; el contratante será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores, y las outsourceras tendrán seis meses para regularse e inscribirse dentro del nuevo esquema laboral.
De igual manera, se prohíbe la facturación del servicio de subcontratación de personal de otra forma o bajo otro concepto, para evadir impuestos, incluyendo el Impuesto Sobre Nóminas (ISN). Además, no estará permitido que el contratista realice un subregistro del sueldo ante el IMSS e Infonavit, lo cual deberá ser revisado periódicamente por el contratante.
El dictamen, que será abordado por los senadores y que podría subirse al pleno este jueves para discutirlo y votarlo, prevé que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en coordinación con el IMSS e Infonavit, efectúen inspecciones preventivas para comprobar que la persona contratista cumple con las obligaciones de ley.
La STPS tendrá que emitir, en un plazo no mayor a 12 meses, los lineamientos de operación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación; esa dependencia y la Secretaría de Economía deberán desarrollar e implementar, en un tiempo de un año, el sistema de gestión de calidad.
En los artículos transitorios se plantea que “todo contratante que hubiere omitido el pago del reparto o participación de las utilidades, dispondrá de un plazo de seis meses para cubrir espontáneamente a los trabajadores afectados en sus derechos, durante el periodo de simulación o subcontratación ilegal”.
“La política se impuso al desencuentro en los consensos alcanzados sobre subcontratación en la mesa de alto nivel; lo reflejaremos en la legislación que acordamos aprobar”
Ricardo Monreal Ávila
Presidente de la Jucopo del Senado
De igual modo, “gozarán del mismo plazo para cubrir las contribuciones omitidas ante la Secretaría de Hacienda con motivo de ello, siempre que además de lo anterior proporcionen a la Procuraduría Fiscal de la Federación, o de la FGR, información que permita identificar a las personas físicas que lidereaban la organización criminal de subcontratación ilegal o simulada”.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, destacó que “en esta ocasión se logró lo que se veía imposible: un acuerdo entre empresarios y sindicatos, así como los sectores patronal, gubernamental y parlamentario; se consiguió un consenso en todos los artículos”.
