“Cifra negra y mano negra” en registro de feminicidios

El 19 de mayo 2019, Daniela Ramírez, de 17 años, fue privada de su libertad por un taxista, quien presuntamente abusó de ella y la arrojó en un paraje en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México; la carpeta de investigación por ese caso se inició por secuestro y homicidio.

El de 2 julio de 2017, Diana Velázquez, quien entonces tenía 24 años, fue estrangulada. Su cuerpo sin vida, con claros signos de abuso sexual, se localizó en un lugar público en Chimalhuacán, Estado de México; su carpeta de investigación se abrió por robo y homicidio.

Casos como estos se replican en todo el país, se trata del subregistro que se da en las entidades para manipular y ocultar los feminicidios, según afirman activistas que claman por justicia y reparación del daño para las familias de las víctimas. En lo que va del año, las autoridades han reportado 626 feminicidios; sin embargo, podrían ser hasta 500 veces mayor por la cifra negra alentada desde los gobiernos.

“Además de todo esto se suma una mano negra, ¿qué significa? Que las ciudadanas no acuden a presentar las denuncias porque no confían en las autoridades, que encubren la realidad”, detalló a La Razón María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.

Otro caso es el de Abril Pérez Sagaón, de 49 años de edad, quien el 25 de noviembre de 2019 fue asesinada a balazos en Coyoacán por su esposo, Juan Carlos García, quien ya había sido denunciado por violencia meses atrás, después de haberla golpeado con un bate de béisbol.

“Ella interpuso en enero de 2019 una denuncia y se abrió como violencia familiar, cuando debió ser tentativa de feminicidio”, detalló María Salguero, creadora del mapa de feminicidios en México.

“Estos son sólo algunos de los ejemplos de cómo existe un subregistro en el feminicidio, y esa es otra forma de bajar las cifras de violencia contra las mujeres”, lamentó la activista.

Hay otras entidades donde ni siquiera se reporta dicho flagelo, es el caso de Baja California Sur, que no anotó un solo feminicidio de enero de 2015 a septiembre de 2019. Lo mismo ocurrió en Tlaxcala de enero de 2015 a julio de 2017.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, denunció que “las fiscalías no necesariamente están clasificando al feminicidio como debe ser”, por lo que impulsará una iniciativa de ley para supervisar y sancionar a las entidades que presenten subregistros.

“Los gobiernos prefieren regatear nuestros derechos porque políticamente no les conviene que haya una alerta de violencia de género en su entidad y no quieren verse como los que tienen tales o cuales números y responsabilidades, básicamente por la imagen hacia afuera”, que quieren proyectar, declaró.

Por ello, dijo, estamos trabajando en generar un tipo penal único para el delito de feminicidio, esto debe ser de la mano con las fiscalías, pero también en el tema de la supervisión y sanción para que no haya subregistro, concluyó.