Sin acuerdos concretos concluyó la reunión anoche en Palacio Nacional entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gabinete económico y el sector empresarial, aunque convinieron mantener activa la mesa de diálogo para definir los cambios a la iniciativa de outsourcing que está a discusión en la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro encabezado por el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, se planteó al Gobierno federal un periodo de seis meses para que las empresas se adapten a los cambios de la norma y no se aplique de inmediato, a partir del 1 de enero de 2021.
A su salida, el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, adelantó que se eliminará la figura de insourcing, es decir, cuando un tercero contribuye en el objeto social de un contratante, ambos con su propio personal y con responsabilidad compartida.
En breve entrevista, dijo que se convocará a una comisión para tratar montos y la estacionalidad de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
Cervantes Díaz ratificó la petición al Gobierno para que exista un plazo de gracia en la implementación de la nueva ley que regule la subcontratación en México, la cual afecta a 4.6 millones de trabajadores que carecen de prestaciones sociales y tienen bajos salarios.
Por la mañana, Salazar Lomelín aseguró que mientras los empresarios cumplan con la ley no hay preocupación por las “terribles” sanciones que contempla la iniciativa presidencial en materia de outsourcing.
“Yo siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final 99.99 por ciento cumplimos lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones”, dijo.
En conferencia en Palacio Nacional, el líder del CCE expuso que lo preocupante para este sector son las causas que podrían detonar las sanciones penales en contra de quien incumpla con la ley; sin embargo, advirtió, serán los primeros en pedir que se castigue al responsable.
“Nosotros las hemos explicado y es parte de lo que intentamos que quede clarísimo, para que nadie sea sujeto, ni de una voz en el futuro, ni de una interpretación inadecuada de sus acciones. De lo que nos tenemos que asegurar es qué detona una determinada función, y si alguien no cumple con la ley nosotros somos los primeros en pedir que la persona sea castigada, porque nos afecta a todos, nos afecta a la sociedad en su conjunto”, estableció.
Salazar confió en que se logren acuerdos favorables con el Gobierno federal para ajustar algunos puntos de la iniciativa que envió hace unos días el Presidente la Cámara de Diputados para eliminar la figura del outsourcing, en la cual se prevé equiparar la subcontratación de trabajadores con delincuencia organizada.
Carlos Salazar refrendó su optimismo de alcanzar acuerdos benéficos a favor de los trabajadores y dijo que están en contra de cualquier sistema que abuse del trabajador y le quite las prestaciones sociales.
