La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Jesús Murillo Karam por presunto tráfico de influencias y defraudación fiscal.
De acuerdo con la UIF entre 2013 y 2015 una empresa propiedad de los hijos, sobrinos y yerno del entonces Procurador General de la República recibieron diversos contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales levantaron sospechas de que pudieron corresponder a contraprestaciones mutuas, en las que a través de influencias se benefició con contratos a esa empresa de la familia de Murillo Karam.
Las autoridades también detectaron que esta empresa declaró domicilios falsos para su constitución y no corresponden con las actividades que presuntamente realizaba.
Al presentar sus declaraciones fiscales, la empresa dijo que sus ingresos acumulables eran similares a sus deducciones, es decir que no obtuvo ganancias y por tanto era inviable su sostenimiento. Al revisar las ganancias que obtuvo por los contratos de obra pública y las operaciones financieras declaradas fiscalmente se identificó que envió y recibió recursos de empresas simuladoras por lo que pudo incurrir en defraudación fiscal.
“Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la Persona Políticamente Expuesta (PEP, Jesús Murillo Karam) recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 la PEP colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco"Unidad de Inteligencia Financiera
La información de la UIF se originó por la investigación periodística internacional denominada “Panama Papers” dónde figuró el nombre de Jesús Murillo Karam. En concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en torno a las PEP, esta situación de movimientos atípicos e inusuales levantaron sospechas sobre una posible vinculación a delitos de corrupción, lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.
Luego de recabar los indicios de probables delitos cometidos por la empresa propiedad de la familia del extitular de la PGR, se presentó la denuncia correspondiente este lunes por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal.
DGM
