Durante el 2021, 760 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Puebla, de las cuales, 15 fueron localizadas sin vida, lo que representa un incremento de 36.3 por ciento respecto al año anterior, cuando se reportaron 11 en 2020 y siete en 2019.
De acuerdo con el último reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), el número de mujeres reportadas como desaparecidas ha ido a la baja desde 2019, cuando la cifra fue de 783, y al año siguiente, 779.
De las 760 mujeres desaparecidas en 2021, el 56 por ciento eran menores de edad, de las cuales el 11.06 por ciento (47) no han sido encontradas, según informes de la Fiscalía General del Estado.
En general, 115 mujeres no han sido localizadas, de las cuales, las que tienen menos de 15 años representan el mayor porcentaje, con el 26 por ciento (30 mujeres); seguida del grupo entre 21 y 30 años, con 25.2 por ciento (29), y las de 16 a 20 años, con 24.3 por ciento (28).
En el caso de la población masculina, la tendencia al alza se observa en la clasificación de personas sin localizar, con un incremento del 18.06 por ciento al comparar los registros del 2020 y 2021.
Al final del reporte, el Igavim apunta la falta de información de las autoridades para conocer las causas que originaron la desaparición de personas, lo que “serviría para identificar y jerarquizar los riesgos de manera específica’’.
En entrevista con La Razón, María Luisa Núñez Borjas y Fernando Barrios, fundadora e integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla, señalaron que las autoridades han minimizado la desaparición de personas con el fin de no emprender acciones contundentes para dar soluciones.
“Se niegan a toda costa que tienen un problema (las autoridades)que se está desbordando; en la Fiscalía dizque nos reciben, pero la realidad es que no hay una búsqueda, yo busqué a mi hijo por casi cinco años y pese a que proponía actos de investigación, nunca hubo un acto tendiente a esclarecer el hecho.
“A mi hijo yo lo encontré, me entregaron su cuerpo el 18 de febrero de este año, a casi cinco años de la desaparición, pero yo investigué con ayuda del colectivo. Yo le dije a Fiscalía: vas a ir a ese lugar, yo estuve ahí. No investigan y no buscan, le dan prioridad a una búsqueda de escritorio, simulando que buscan cuando la realidad no es así, ni siquiera de manera inmediata como lo marca el protocolo”, afirmó María Luisa.
La activista aseguró que la entidad “está sumida en una crisis de inseguridad, Puebla está en manos de la delincuencia organizada, el gobierno está rebasado y no quiere atacar el problema de raíz”.
Fernando Barrios, quien también comparte el dolor de tener un familiar desaparecido, refirió que las autoridades han minimizado la problemática, pues en su caso la investigación ha estado caracterizada por “carpetazos”.
“Aquí teniendo un problema tan grande, se denota que las instituciones que plantean que las desapariciones son ausencias. Es difícil, porque aparte de la problemática te tienes que adaptar a narrativas contrarias a la realidad”, dijo.
Ambos coincidieron en que el primer paso que el gobierno debe dar es “tener la convicción de reconocer que este problema existe” y que contemple estrategias individualizadas de búsqueda y con perspectiva de género.
