Quejas, cuestionamientos, la presentación de medios de impugnación y una comunicación opaca han empañado el proceso que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) lleva a cabo para calificar a los perfiles entre los que se deberá designar a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y que habrán de conducir uno de los procesos más importantes para el país en el 2024: la elección presidencial.
El comité fue cuestionado, desde su conformación, por haberse integrado con personas afines a Morena, que, con ayuda de su mayoría en la Cámara de Diputados, logró sumar cinco de siete miembros.
Una de las primeras quejas de su labor fue la falta de transparencia sobre los nombres de las personas que se registraron para buscar un lugar en el Consejo General del INE.
Fue la Secretaría General de la Cámara de Diputados que, sin tener la facultad para ello, dio la primera respuesta ante la insistencia de los medios de comunicación, que reclamaron una opacidad no vista en procesos anteriores. Después de eso, el comité dio a conocer cortes informativos como seguimiento al proceso para el registro de los aspirantes.
A esto se suma el reclamo de la prensa por el hecho de que el CTE sólo brinde información vía comunicados o breves conferencias y sesiones públicas de trabajo, luego de las cuales evade responder a las dudas que surgen a partir de las mismas.
Tras la aplicación del examen a las personas aspirantes, los cuestionamientos de los mismos participantes se exacerbaron.
Los resultados dados a conocer al día siguiente fueron objeto de críticas, al saberse que personajes cercanos al Gobierno federal y Morena obtuvieron las calificaciones más elevadas, aun cuando contaban con poca o nula experiencia en materia electoral.
Algunos aspirantes presentaron la prueba sin contratiempos y se declararon confiados en el proceso, mientras que otros expusieron, por medio de redes sociales, irregularidades e inconsistencias en la aplicación de la prueba.
Fallas en el sistema, preguntas confusas o que tenían más de una respuesta correcta, y que no se obtuviera una respuesta adecuada a las solicitudes de revisión del examen, fueron algunas de las quejas que los aspirantes externaron.
Miguel Ángel Lara Otaola, uno de los participantes, subrayó como una de las irregularidades que las preguntas del examen no fueron elaboradas por una institución o especialistas en evaluación, por lo que no hubo alguien que certificara un fraseo y uso del vocabulario oportuno. El aspirante Gerardo Marroquín, doctor en Derecho que ha fungido como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, promovió un juicio electoral vía per saltum (salto) contra el CTE.
Los argumentos para su recurso fueron que el comité no justificó por qué sólo integró una lista de 102 hombres y 102 mujeres que avanzarían a la siguiente etapa luego del examen, cuando en la convocatoria se permitía integrar listas de hasta 127 personas. Acusó también que, al intentar revisar su examen, “el sistema siempre estuvo bloqueado” para recibir observaciones.
El litigante expuso su inconformidad con 10 preguntas que se le marcaron como incorrectas, mediante un oficio que dirigió a los integrantes del comité, que “se negó a recibirme dicho oficio, dejándome en estado de indefensión”, dijo.
Ministro de SCJN recibe a Adán Augusto López
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para abordar asuntos referentes al Plan B de la Reforma Electoral, que está en pleno proceso de análisis de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
López Hernández se reunió con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal, para tratar temas no oficiales, en lo que dijo se trató de “una charla no oficial, pero que sirve como alimentación”.
Durante la reunión trataron diversos temas, entre ellos de las ternas que la Suprema Corte integró hace unos meses para las vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y de otros asuntos relacionados con las materias penal y civil, que son los que se resuelven en esa sala.
Ésta es la primera visita de Adán Augusto López a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de la serie de impugnaciones que se han presentado en el máximo tribunal en contra de la Reforma Electoral analizada por la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán.
Con información de Claudia Arellano
