El Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" advirtió que la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como lo anunció esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, profundizará la militarización del país y contravendrá la Constitución.
La organización expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son “complacientes” cuando se deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la GN.
“Los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigadas exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas”, señaló.
Además, dijo que los índices de violencia no han disminuido, sino que se han estancado en niveles altos, en medio de la “ausencia de visión estenográfica”, pues consideró que se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos.
En el ámbito de la relación cívico-militar, el Centro Prodh alertó que se genera un riesgo mayor de corrupción y politización del sector castrense.
Agregó que “se dotó a las FAM del marco jurídico que “pidieron por varios sexenios”, y destacó que su participación en áreas de la vida pública, ajenas a su sector, ha ido en aumento.
Al ser un acto contrario al Artículo 21 de la Constitución, en el que se menciona que la Guardia Nacional es de carácter civil, la organización también indicó que el plan eludiría el debate legislativo necesario para que se genere el cambio buscado por el titular del Ejecutivo Federal.
En redes sociales, Amnistía Internacional lamentó el anunció y apuntó que atenta contra las facultades constitucionales del Poder Legislativo y perpetúa el enroque de militarizar la seguridad pública, que “debe estar en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de derechos humanos que México ratificó”.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad coincidió en que la medida violaría la Constitución, y consideró que “aún sin reforma, la GN ya está militarizada y operada por la Sedena”.
La Fundación para la Justicia dijo el Ejecutivo viola su compromiso de respetar la ley y que parece que “la militarización en el país se ve como la única respuesta”.
CEHR
