Al expresar su preocupación por la reforma judicial que se discute en México, el Colegio de Abogados de Nueva York exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, realizar un debate amplio y transparente porque la iniciativa conlleva riesgos que podrían socavar la imparcialidad y la eficacia del Poder Judicial.
La asociación advirtió que la reforma planteada por el jefe del Estado mexicano al Congreso de la Unión contiene puntos críticos sobre la posible politización del Poder Judicial, la reducción de la independencia y eficiencia del sistema judicial.
Señaló que el debilitamiento institucional del Poder Judicial puede crear un desequilibrio de poder significativo en su relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, afectando los pesos y contrapesos en el funcionamiento del Estado mexicano.
"Esto puede poner en riesgo las condiciones democráticas fundamentales, erosionando la protección de las libertades individuales y la preservación de la fiscalización imparcial del poder político. Además, el trabajo de los abogados requiere de seguridad jurídica que un poder judicial débil no puede proporcionar. Un poder judicial parcial afectará a los negocios, a las oportunidades de inversión y al desarrollo económico", aseguró.
Destacó que escuchar e incorporar perspectivas plurales en el debate público y en el proceso de toma de decisiones de la reforma contribuirá a garantizar su fortalecimiento, en lugar de debilitar, el sistema judicial, preservando su independencia y la garantía de impartir justicia imparcial y oportuna.
En un documento de 11 páginas dirigido a López Obrador y Sheinbaum Pardo, mencionó que la motivación de la propuesta de reforma judicial es por el descontento del presidente con las decisiones de la Suprema Corte que anulan algunas de sus políticas y reformas legales prioritarias.
Al analizar cada uno de los puntos principales de la reforma judicial, los abogados neoyorquinos destacaron que los jueces serían elegidos por voto popular en 2025, con un periodo de campaña de 60 días; su número disminuiría de 11 a nueve, y su mandato de 15 a 12 años.
Sin embargo, manifestaron que detalles como la competencia profesional de los candidatos y los procedimientos de elección, incluido el financiamiento y las campañas, siguen sin estar claros.
Además, agregaron, en la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, se convertiría en un agente de control político con facultades para remover y constreñir a los jueces.
"El principal problema del proyecto de ley es su falta de claridad con respecto a la provisión de un conjunto mínimo de normas para los candidatos judiciales o la selección judicial. Aunque el derecho internacional no establece un mecanismo específico para la selección de jueces, reconoce ciertos requisitos mínimos que deben cumplirse para garantizar un poder judicial independiente, que los métodos sean públicos, objetivos y justos", puntualizó el Colegio.
El escrito está avalado por el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, el Grupo de Trabajo sobre la Independencia de Abogados y Jueces, y la Comisión de Asuntos Interamericanos.
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