Los partidos de oposición en el Senado advirtieron que el acuerdo del gobierno federal para que las obras de infraestructura sean consideradas como de seguridad nacional representa un avance del autoritarismo que pretende imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el desarrollo de la sesión en el Senado, los grupos parlamentarios del PAN y del PRI anunciaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, aseveró que el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación es “a todas luces inconstitucional”.
“Quiero hacer un llamado a todas aquellas instancias que tienen la posibilidad y la obligación a la luz de la evidencia de intentar detenerlo, plantear una controversia constitucional. Y empiezo por la presidencia de esta Cámara de Senadores, la senadora Olga Sánchez Cordero, ella tiene la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente inconstitucionalidad que tiene este acuerdo, y que no debe de permitirse”, manifestó.
El senador Antonio García Conejo, del PRD, anunció que su partido también recurrirá ante el máximo tribunal.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, señaló que el acuerdo publicado por el Presidente de la República es una instrucción a las dependencias para que no cumplan con la ley y puntualizó que el titular del Ejecutivo federal “no tiene la facultad de suspender el orden constitucional y menos con el pretexto de acelerar el orden administrativo”.
Enfatizó que el Presidente no puede, mediante un acto arbitrario, pretender señalar que las obras son de seguridad nacional.
El senador Germán Martínez Cázares, expresó que coincide con el presidente andrés Manuel López Obrador respecto a que el gobierno es un “elefante reumático”, pero puntualizó que no puede pretender que ese “elefante reumático se convierta en una víbora veloz, corrupta y ponzoñosa” a través de este tipo de acuerdos.
Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el acuerdo publicado permitirá mayor agilidad en los trámites burocráticos y brindará mayor certidumbre a las instituciones y empresas encargadas de las mismas, sin impedir la transparencia ni la rendición de cuentas.
Los proyectos prioritarios de infraestructura impulsados por el gobierno de la Cuarta Transformación están detonando la economía de los estados y, a su vez, comprueban que el país puede crecer y desarrollarse cuando se gobierna con austeridad y sin corrupciónMario Delgado, dirigente nacional de Morena
Sin embargo, la secretaria general del partido del sol azteca, Adriana Díaz, criticó el uso autocrático de los poderes presidenciales al aprobar una condición de excepcionalidad por doce meses para otorgar autorizaciones provisionales y gozar de la afirmativa ficta que le permite obtener dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar los objetivos del gobierno: “la ejecución de obras, beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.
Aseveró que el decreto presidencial viola el sistema democrático de planeación del desarrollo, así como los principios de certeza, legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez constitucional.
RFH
