Si bien tener protocolos para la atención de casos de violencia de género en instituciones como la UNAM es un avance, aún resta mucho camino para que respondan a las necesidades jurídicas de las víctimas, pues a los docentes que son denunciados se les protege mediante organizaciones sindicales o las leyes internas, aseguró Verónica Rodríguez Cabrera, investigadora de Política en la UAM Xochimilco.
“Tener estos protocolos es ya un avance para ir marcando la pauta e ir modificando esos marcos normativos, pero es una tarea que apenas se está trabajando en universidades, como la UNAM. El protocolo no está rebasado, sino que la escuela es la que está rebasada con el problema de violencia; además a los maestros que son señalados se les protege a través de su sindicato o las mismas leyes internas”, expuso la especialista a La Razón.
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En el caso de la máxima casa de estudios, desde la implementación del protocolo, en 2016, a este año, se reportan al menos mil 14 denuncias por acoso, abuso, hostigamiento y violación, con 917 personas señaladas; lo que contrasta con las 296 quejas registradas entre enero de 2003 y agosto de 2016.
Sin embargo, se estima que estas cifras no reflejan la dimensión verdadera del problema, pues muchas de las estudiantes y trabajadoras no emiten su queja por miedo o trámites engorrosos, señala Aracely Rodríguez Nava, directora de la organización feminista Colibrí.
“Es algo indigno y frustrante. Muchas veces no denuncian por temor a represalias. Van con su coordinador, acusan al agresor y las etiquetan de que ellas son quienes provocan a los hombres”, dijo.
Desde hace tres años, la UNAM cuenta con lineamientos para atender casos de violencia de género, en los que se contempla el “procedimiento alternativo” para la resolución de éstos.
Se trata de un paso previo a una sanción o juicio universitario, en el que se intenta mediar para que la víctima dialogue con su agresor y lleguen a un acuerdo.
No obstante, cuatro jóvenes que han sufrido agresiones sexuales señalaron a este medio que esta medida es insuficiente y ni siquiera les parece un verdadero escarmiento para los violentadores.
Alicia y su entonces novio estudiaban en la Facultad de Ciencias Políticas, en Ciudad Universitaria. En una discusión, él la amenazó de muerte y ella optó por no denunciar; pero conforme pasaba el tiempo, los agravios se hacían más constantes, así que acudió al Área Jurídica en busca de auxilio y tras varios días, recibió una carta intención firmada por su agresor, quien aseguraba que no la molestaría más.
El documento tenía datos incorrectos de su expareja, así que Alicia consultó con el abogado de su facultad si eso afectaba el proceso o si debía meter una nueva denuncia, pues temía que se dieran agresiones fuera de la universidad. “No es relevante; nosotros tenemos sus datos correctos y no es obligatorio que vengas a levantar el acta”, respondió el jurista por medio de un breve correo electrónico al cual tuvo acceso este rotativo.
Zoé trabajaba en su tesis de doctorado en Geografía. Uno de sus profesores le exigió tener relaciones sexuales con él para continuar en el curso, a lo que ella se opuso y lo denunció.
“Me condicionó a acostarme una semana con él en un congreso en Roma; yo me sorprendí mucho, pues una como estudiante admira a los maestros y lo que menos piensas es en ser agredida por ellos. Pero siguió hostigándome”, narró.
El resultado, tras acudir a varias instancias e incluso informar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
—el cual participa en la titulación de los estudiantes de doctorado de Geografía— nunca tuvo una solución, por lo que decidió abandonar sus estudios.
“Fernanda”, también universitaria, duda de que su caso haya quedado registrado, pues si bien denunció a su exnovio por violencia física, el abogado de su facultad la incentivó a llegar a un acuerdo verbal con su agresor.
“Fue un acuerdo de palabra y después me fueron a presentar hasta con los de vigilancia, por si algún día gritaba o algo, supieran que sí me tenían que hacer caso”, contó la estudiante.
Ernestina, estudiante acosada en 2016, opinó que el protocolo no funciona, ya que sólo “es una ventanilla de atención con decenas de trámites que sólo buscan proteger al profesor, estudiante, compañero o investigador que te acosa”.
El Dato: De los 335 procesos iniciados entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019, 178 concluyeron en una sanción, siete en un acuerdo y 96 están pendientes, según el reporte de la universidad.
Hay deficiencias, pero se busca mejorar: directiva
Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, reconoció falta capacitación especializada en las oficinas jurídicas, aunque consideró que el protocolo ha sido un avance, pues se ha ido reformulando a partir de la participación de la comunidad universitaria.
“La universidad está buscando las maneras de que la implementación de este protocolo sea mucho más eficiente y efectiva, pero sobre todo que tenga la capacidad de atender de una manera adecuada a quienes están sufriendo violencia de género; que no haya revictimización, que no haya obstáculos para estas denuncias”, aseveró la académica.
Por otro lado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, llamó a las autoridades de la máxima casa de estudios a aplicar una atención eficaz a las denuncias, mediante acompañamiento y con miras a actuar por las vías penal y administrativa.
Con información de Iván Mejía, Sergio Rincón y J.G. Mejía
