M ientras se desvanecen las esperanzas de rescatar a los 10 trabajadores atrapados desde principios de este mes en la mina El Pinabete, en el municipio de Sabinas, Coahuila, va en aumento la evidencia de que el actual Gobierno impulsa el resurgimiento de una minería peligrosa a baja escala que continúa cobrando vidas.
De acuerdo con información de la agencia AP, hace dos años el Presidente Andrés Manuel López Obrador promovió un plan para reactivar las centrales eléctricas a carbón en Coahuila y darle preferencia a la adquisición de pequeñas empresas mineras de esa región.
Las compras fueron parte de las políticas de López Obrador para darle ingresos a los mexicanos más pobres. Sin embargo, al hacerlo la administración resucitó la minería de arrastre a baja escala, que se realiza en profundos pozos, tan peligrosa y primitiva que ambas cámaras del Congreso de México intentaron prohibirla hace una década.
Estas minas, según expertos, son tan angostas que únicamente puede bajar una persona a la vez por un pozo de unos 100 metros de profundidad; además, son muy inseguras debido a que los mineros operan sin revisar los gases acumulados y sin mapas hidrogeológicos que les permitan saber dónde están las áreas con riesgo.
En las estrechas minas, conocidas como “pocitos”, los mineros trabajan con pistolas neumáticas para extraer el carbón sin mayor protección que un casco y sin salidas de emergencia.
La promoción de la minería de carbón es parte del esfuerzo de López Obrador para apuntalar la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y darle apoyo a los pequeños mineros de origen pobre.
El plan no sólo ha sido cuestionado por ambientalistas sino también por la oposición, quienes han advertido sobre los riesgos que enfrentan los mineros.
“La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos a los productores más grandes provoca que al final termine en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar la vida de los trabajadores”, afirmó Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, tras el accidente de Pinabete.
La CFE ha defendido la decisión de comprar alrededor de dos tercios de carbón para la generación de energía a las pequeñas empresas mineras.
“Teníamos que tener una conceptualización en que los más pequeños (mineros) tenían que ser favorecidos porque teníamos que igualar sus condiciones socioeconómicas”, afirmó en julio el subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, Miguel López, y agregó que “como él (López Obrador) bien lo ha dicho, uno de los principales lastres que tiene este país se llama desigualdad”.
La política del Gobierno ha permitido que prosperen las pequeñas empresas mineras, pero algunas están operando sin cumplir las normas laborales y requisitos de la CFE. Así lo reconoció recientemente López Obrador quien afirmó que en el caso de Pinabete no se cumplieron una serie de requisitos.
La activista Cristina Auerbach, defensora de los derechos de los mineros, afirmó que el carbón es un tema políticamente delicado en Coahuila, en especial entre las comunidades empobrecidas que alguna vez vivieron de esa actividad. “Es un tema político, no económico”, sostuvo.
Respecto a lo sucedido en Pinabete, Auerbach dijo que a pesar de lo sucedido en la actualidad siguen operando en Coahuila “cientos” de pequeñas minas que son de “alto riesgo”. “Por eso lo que estamos pidiendo es que todas las concesiones de carbón que se otorgaron en zonas de alto riesgo deben ser canceladas porque siempre van a morir”, concluyó.
