La construcción del Tren Maya, sobre cuya ejecución se han realizado siete cambios en sus trazos, no sólo ha impactado en los trabajos de la zona de Playa de Carmen, donde fueron suspendidos, sino en otras partes del proyecto, como en Campeche, donde la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró diversas deficiencias en contratos, como incumplimiento en los plazos e, incluso, obras que resultaron ser un dispendio por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
“Recomendaciones preventivas: los dictámenes técnicos que sustentan los convenios modificatorios previo a su formalización, deben contar con la documentación que funde y motive las causas que los originan y deben describir, especificar y sustentar las causas que conllevan a realizar modificaciones a los alcances de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas”, resaltó la auditoría.
El Órgano Interno de Control (OIC) de Fonatur detectó 13 irregularidades en la “Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, del Proyecto Tren Maya”, realizada a la Dirección de Desarrollo de Fonatur, la cual recibió el informe de resultados el pasado 30 de septiembre de 2021.
Por ello, el OIC pidió que “se verifique que los servicios que están prestando los contratistas, se apeguen a los principios de austeridad establecidos por el Gobierno federal y en caso de que haya incongruencia, se realicen los ajustes necesarios”, indica el documento.
Incluso resaltó que se deberá informar si por los errores observados en unos de los convenios, “no se tienen implicaciones jurídicas para el Fonatur, o de ser procedente, se realice el adéndum”, que es una modificación a un certificado de Inscripción.
Además, con el fin de “evitar los rezagos provocados por los diversos cambios de proyecto”, el órgano fiscalizador solicitó que la Dirección de Desarrollo instruya a la Subdirección de Obras a que implemente mecanismos de control para que en la planeación de contratos se tomen en cuenta las modificaciones a los proyectos principales.
Entre las irregularidades, destacó el pago “innecesario” de 11.9 millones de pesos para retirar hierba de un tramo ferroviario en Campeche; sin embargo, debido a una mala planeación, la vegetación volvió a crecer sin que se ejecutaran los trabajos.
En 2020, Fonatur firmó un contrato para “trabajos de acondicionamiento” en un tramo de 14 kilómetros de la vía ferroviaria en el estado de Campeche, que consistía en retirar la vegetación de la zona; posteriormente se iban a retirar los rieles para la colocación de la plataforma de la vía del Tren Maya en dicha entidad.
La auditoría realizada por el OIC en Fonatur registró que los trabajos de retirar la vegetación terminaron el 26 de mayo de 2020; sin embargo, en una visita realizada al lugar el 21 de julio de 2021 (421 días después), se constató que no habían iniciado la construcción de la plataforma, y la hierba creció de nuevo, además de que el trazo cambió posteriormente.
Por ello, la auditoría emitió una observación al Fonatur por “trabajos ejecutados y pagados que no cumplieron la finalidad para la que fueron contratados”.
Además, solicitó informes detallados y documentados de los motivos por los que “no se habían realizado los trabajos relativos al retiro de rieles y construcción de la plataforma de la vía del Tren Maya (…) así como las causas por las cuales el trazo del eje del Tren Maya no pasará por los tramos desyerbados, los cuales tuvieron un costo de 11 millones 934 mil 112 de pesos”.
El contrato para el “acondicionamiento del derecho de vía ferroviaria en 14 km en el estado de Campeche, contemplaba retirar la hierba en una distancia de 20 metros a cada extremo a partir del eje de la vía.
Otra de las irregularidades se registró luego de que la Dirección de Desarrollo tuvo que cancelar trabajos de rehabilitación en las estaciones Uayma, Felipe Carrillo Puerto y Mactún, en Quintana Roo, debido a “deficiencias en el proyecto ejecutivo que afectan la ejecución de las obras”.
En la estación Uayma, la obra se canceló por las condiciones arqueológicas, así como la ocupación de migrantes centroamericanos. Mientras que en las otras dos se modificó el trazo de los tramos Escárcega-Calkini e Izamal-Cancún, ya que en el nuevo proyecto se planteó pasar sobre las estaciones.
El contrato por estos trabajos, que finalmente no se llevaron a cabo, ascendía a 15 millones dos mil 31 pesos; sobre esta misma obra, la auditoría detectó que Fonatur no presentó la documentación necesaria para justificar las obras adicionales, ni el monto extraordinario que representaron dichos trabajos.
Inai ordena justificar decreto sobre megaproyectos
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Oficina de la Presidencia de la República asumir competencia y dar a conocer las notas, análisis, borradores, estudios, así como opiniones legales emitidas para la elaboración del Acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado, la dependencia informó que la comisionada Norma Julieta del Río señaló que el 10 de diciembre pasado, el Inai interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de dicho acuerdo, por considerar que establecía una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos, misma que fue admitida a trámite el 14 de diciembre, “por lo que se concedió la suspensión para los efectos de la reserva de la información”.
Lo anterior, dijo, implica que la SCJN consideró procedente conceder al instituto la suspensión de los efectos que solicitó para que la Administración Pública Federal no clasifique de forma generalizada la información relacionada con dichas obras o proyectos. También detalló que una persona inconforme solicitó una revisión, ya que la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para conocer la información. Al analizar el caso, la comisionada determinó que la Oficina de la Presidencia sí es competente para conocer la información solicitada.
