El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que el “alarmante” número de desapariciones registradas en México y la “deficiente” investigación, ocasionan un escaso número de sentencias y una “impunidad casi absoluta”.
En un informe presentado este martes, denunció la persistencia de una “situación generalizada de desapariciones” y expresó su preocupación ante el retraso en la aprobación del Reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y del Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la ausencia de consultas sustantivas con los familiares de las personas desaparecidas y de la sociedad civil en su proceso de elaboración.
En agosto pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se intensifican los esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas, a partir de un histórico presupuesto este año superior a mil millones de pesos, en comparación con los seis millones del 2018.
Además, anunció un nuevo censo de personas desaparecidas, con el objetivo de tener información confiable; sin embargo, colectivos y familiares de víctimas han criticado este nuevo registro, debido a que no lo realiza la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), sino la Secretaría de Bienestar, lo que genera cierta preocupación por una posible “manipulación” de las cifras, lo que incluso fue denunciado en algunas marchas.
En este contexto, el comité de la ONU dijo que también le preocupa la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y el escaso impacto de las mesas de seguridad nacional y estatales para la construcción de la paz en la prevención y erradicación de este crimen.
De las miles de desapariciones sólo hay 36 sentencias y por ello no se investiga adecuadamente. No hay interés en el temaJosé Ugalde, Vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos
También señaló la falta de reconocimiento, por parte de las autoridades, sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales, así como la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad.
También advirtió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza 111 mil 540 personas en esa situación desde 1962 hasta el 12 de septiembre del 2023, no se ajusta a los estándares internacionales.
El organismo internacional remarcó como urgente ahondar en el tema, ya que ve limitaciones en las investigaciones y persecución del delito. Por ello, recomendó la participación de los familiares, allegados, representantes de las personas desaparecidas, así como asegurar que los colectivos de búsqueda tengan acompañamiento y velar por los familiares de las víctimas.
Hace tres semanas, representantes del Comité contra la Desaparición Forzada visitaron México para analizar la situación que prevalece, ante las denuncias de colectivos y organizaciones que señalan falta de respuesta a las búsquedas, en el marco, también, de la renuncia de la titular de la CNB, Karla Quintana, por motivos que hasta el momento se desconocen.
José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, coincidió en que la impunidad ronda el 99 por ciento, debido a que, señaló, no hay interés en las investigaciones y las autoridades sólo se esfuerzan por ocultar las cifras para que el problema no tenga percepción de una mayor dimensión.
“La impunidad es del 99.9 por ciento y el resto son inocentes; de las miles de desapariciones sólo hay 36 sentencias y por ello no se investiga adecuadamente. No hay interés en el tema, sensibilidad o quieren ocultar las cifras, pero lo que no hay es coordinación entre las fiscalías, ya que echan abajo todos los procesos”, dijo a La Razón.
Señaló que hay una guerra de “egos políticos” en la que todas las autoridades se “echan la bolita”; aseguró que tampoco hay voluntad política para reconocer el problema, lo que hace que el panorama sea “más oscuro” al paso de los meses.
El activista lamentó que se encuentren olvidados por las autoridades y aseveró que también hay cierta preocupación en el censo, ya que no hay profesionalismo ni sensibilidad por el tema que se maneja.
Hay mucha insensibilidad, apatía y burocracia, pues el tema es sólo para que nos callen y se vea que están haciendo algo, cuando en realidad no hay avancesCecy Flores, Vocera de Madres Buscadoras de Sonora
“Están llegando muy crudos a hacer el censo, sin sensibilidad y sin saber lo importante que es para las familias. Son decisiones unilaterales por parte del Estado, además de que no nos toman en cuenta”, explicó.
Consultada sobre la situación, Cecy Flores Armenta, vocera del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, expuso que hay un grave impacto ante la falta de resultados, pues la autoridad tampoco se ha preocupado por el tema de la orfandad que han dejado las víctimas, al ser cientos de menores sin padres que no han recibido apoyos.
“Hay mucha insensibilidad, apatía y burocracia, pues el tema es sólo para que nos callen y se vea que están haciendo algo, cuando en realidad no hay avances en los estados”, destacó.
Indicó que lo que debe seguir, “más que programas y censos”, es fortalecer la búsqueda de personas, pues lo que viene, anticipó, son más desapariciones sin acciones concretas.
