A nombre de la Alianza Federalista, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pidió a las autoridades federales aplicar la ley en contra de quienes tienen tomadas las vías férreas en Michoacán; toda vez que han generado pérdidas millonarias a nivel nacional.
“Reitero mi llamado al Gobierno Federal para que asuma sus responsabilidades, aplique la ley contra quienes cometen de manera recurrente este delito federal, tome el conflicto en sus manos y libere las vías férreas de manera permanente. Millones de mexicanos se lo reconocerán”, aseveró en la reunión de la organización política en Casa Jalisco.
Señaló que “no podemos ni debemos ser omisos ante el daño irreparable al patrimonio que generan los bloqueos de las vías férreas en Michoacán, que hoy acumulan 50 días”, situación que ha provocado pérdidas millonarias para las empresas nacionales e internacionales que normalmente trasladan insumos y mercancías por este medio, a través de 18 entidades federativas.
“Tan solo como un dato, en el trazo principal de las vías en la ruta Lázaro Cárdenas- Laredo, se atraviesan 7 estados de la República: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Michoacán, los cuales representan el 24 por ciento del Producto Interno Bruto nacional; es decir 4.2 billones de pesos, de acuerdo al INEGI”, explicó.
Además, el mandatario estatal dijo que esas siete entidades suman una población de 27.8 millones de personas, lo que representa 21.8 por ciento del total nacional y de manera conjuntan aglomeran un total de 1 millón 144 mil unidades económicas, que equivale al 21 por ciento de las que hay en el país. “Es decir, el bloqueo de vías no solo asfixia a Michoacán, sino que es un golpe seco a la economía nacional, un daño irreversible a cientos de empresas de diversos sectores y tamaños, que son las que generan miles de empleos y mueven economías locales”.
Jaime Rodríguez dijo que es un crimen “quedarnos inertes, cruzados de brazos o voltear la cara hacia otro lado, mientras grupos con intereses políticos particulares cometen delitos federales que impactan negativamente en la ya deteriorada economía nacional”.
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