En medio del reclamo de agrupaciones de buscadores de personas desaparecidas por la falta de recursos y acciones suficientes de las autoridades para atender el problema, el Senado de la República realizará la designación pendiente para el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Este lunes, comparecerán en la Comisión de Gobernación de la Cámara alta, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, cinco aspirantes para ocupar el espacio que dejó Zoraida García Castillo, quien dejó el cargo para coordinar la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Entre las nuevas propuestas para ocupar el espacio en el Consejo Nacional Ciudadano, uno de los aspirantes registrados, Juan Carlos Dorantes Garcés, tiene una limitada trayectoria profesional y entre los cargos que desempeñó se incluye un trabajo como asesor en la Cámara de Diputados con Morena, además de cercanía con el PES.
Los otros aspirantes que se postularon y que sí cuentan con experiencia directa en organizaciones de búsqueda, en ciencias forenses o en la academia, como lo documentan sus currículum son Mónica Meltis Véjar, Ludovico Armando Zamora Herrera y Omar Vielma Luna e Isabel Beltrán Gil.
En el caso de Meltis Véjar es activista y directora ejecutiva de Data Cívica, organización defensora de derechos humanos; Zamora Herrera es asesor externo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo; Vielma Luna es académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en investigaciones jurídico-criminológicas, y Beltrán Gil, experto en antropología forense, quien ha hecho diferentes exposiciones sobre la vigencia en el uso de la tortura en México.
El Senado de la República apenas realizó la integración del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en marzo pasado; sin embargo, las organizaciones en las que participan madres y padres buscadores observan que no se han implementado las acciones suficientes.
Nina Ruiz Compeán, defensora de derechos humanos, quien desde hace 11 años busca a su hijo Roberto, señaló que uno de los principales problemas que se generan desde los gobiernos, principalmente en el caso de la actual administración federal, es el nepotismo para todos los cargos, incluyendo los relacionados con el sistema de búsqueda, que es donde, dijo, se requiere a personal experimentado.
“Ponen a familiares que no tienen ni la preparación ni el perfil que se necesita en algo tan delicado”, comentó.
Refirió que ante la crisis que vive México por los desaparecidos, incluso son los gobiernos extranjeros los que facilitan más apoyos para las organizaciones que se dedican a la búsqueda de las personas, a través de las embajadas.
En México, los datos oficiales registran más de 95 mil desaparecidos y más de 52 mil cadáveres sin reconocer y, en 1964, de las 747 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada y las más de 800 carpetas de investigación abiertas, sólo se resolvieron 21 casos, pero en ninguno se acreditó el tipo penal, por lo que no se castigó a una persona por la desaparición de personas.
