“Sí, me han levantado unas horas, la mayoría de las veces. El máximo, dos días”, reveló el líder de un partido político local del sur de la República Mexicana, sobre la violencia electoral de la que sus candidatos a diversos cargos de elección popular han sido víctimas por parte del crimen organizado.
Después del homicidio de políticos y candidatos, que hasta el 9 de abril suman 52 casos, el secuestro exprés, la retención ilegal de la libertad por determinado tiempo, o la no localización por ciertos lapsos, son las principales amenazas que registran los personajes.
El fenómeno se centraliza a nivel local y municipal, con los aspirantes a alcaldes, regidores y síndicos. La Razón hizo un cruce de datos con reportes internos del Instituto Nacional Electoral, registros periodísticos y entrevistas con líderes de partidos políticos nacionales y locales.
Todos coinciden en que la problemática es una realidad durante el proceso electoral en curso. Denuncias formales no existen ante las autoridades por el miedo a represalias, tampoco queja oficial de partidos políticos ante los institutos electorales locales.
“El que existiera un registro formal de secuestro de candidatos nos hace más vulnerables a todos, pero de que pasa, pasa, es un hecho”, dijo la consejera presidenta de un organismo electoral local, bajo el anonimato.
“En la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos, por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones. A veces es posible advertir los casos, cuando algún aspirante o precandidatura abandona la contienda”, detalló Laboratorio Electoral en su segundo reporte de violencia electoral del mes de abril.
Nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas es lo que informa el organismo, y destaca que estas cifras representan un incremento de más del 200 por ciento respecto a su reporte de febrero.
“La veracidad de los números queda a reserva de las dirigencias partidistas al no haber ningún registro público ni respaldos oficiales de las cifras”, advirtió el documento de Laboratorio Electoral.
Las amenazas, que también incluyen advertencias de secuestro o de levantón para el candidato o sus familiares, suman 75 divididas en el país.
Víctor Hugo Sondón, representante del PAN en el Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció el nivel de penetración del crimen organizado en algunas regiones del país. “La zona sur del Estado de México, la mayoría de los municipios tienen que recibir el palomazo de los grupos delictivos, si no, no pueden ser candidatos, y si se empeñan en ser candidatos, son levantados, como se dice coloquialmente en la zona”, afirmó a La Razón.
Dijo que ningún partido político está exento del acoso a candidatos, principalmente a presidentes municipales. “Hay unos que se han bajado de las contiendas, no en su interés por participar, sino por el miedo a participar han decidido no competir y es porque han sido amenazados por la delincuencia organizada y han sido perseguidos, y, si no, intimidados con alguno de sus familiares también”, declaró.
El caso más reciente de este fenómeno se registró el fin de semana pasado en Sinaloa, donde Luis Alonso García Corrales, secretario del Partido Sinaloense y candidato a regidor de Culiacán, Sinaloa, fue reportado como desaparecido. “Se hacía acompañar de Juan Francisco Cerón Beltrán. Dado que no se han podido contactar ni ubicar, se teme que hayan sido privados ilegalmente de su libertad”, informó el gobernador Rubén Rocha.
