El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que modificará las funciones de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena), para que la Guardia Nacional (GN) quede adscrita al Ejército.
También se pretende acelerar la liberación de personas injustamente presas, por lo que esperará a que se resuelva más adelante la reforma constitucional.
“Les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”, expuso.
Les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la DefensaAndrés Manuel López Obrador, Presidente de México
López Obrador dijo que esta semana dará a conocer este decreto, por lo que analiza las facultades del Ejecutivo para realizar el cambio, aun sin tener la modificación constitucional para llevar la Guardia Nacional al ámbito de la Sedena.
“Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial (de gestionar la liberación de presos)”, explicó.
Detalló que este cambio proyectado deberá quedar listo antes del 16 de septiembre, porque el desfile militar estará enfocado en la seguridad pública y la GN será un actor protagónico del mismo.
“El día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional”, abundó.
Cuestionado sobre los lineamientos legales en los que basará su decisión, dijo que su equipo analiza las atribuciones presidenciales para sustentarlo.
“Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el Gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios”, dijo.
El Presidente afirmó que el cambio es necesario para consolidar la presencia de la Guardia Nacional como tercera sección en las Fuerzas Armadas y para evitar que otros gobiernos puedan dar marcha atrás a esta decisión.
“Ya no quiero que vaya pasando el tiempo porque, la verdad, no faltan cosas y no quiero que se nos quede nada, y entre más pronto se haga, mejor, para que el tiempo que nos queda, las decisiones que todavía se están tomando terminen consolidadas al fin de mi gobierno”, concluyó el mandatario.
El 21 de febrero del 2019 se aprobó en el Senado de la República la creación de la Guardia Nacional. A pesar de la resistencia del Presidente, los legisladores modificaron la iniciativa presidencial para que quedara adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no a la Defensa Nacional, como originalmente estaba planteado por el mandatario.
Con esta decisión, el mando de la Guardia Nacional sería civil y tendría un periodo de transición máximo de cinco años.
Además, se conformaría por elementos de la Policía Federal y de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, mientras se reclutaba a los miembros definitivos de la corporación y estarían sometidos a tribunales civiles y no militares.
Oposición va por impugnar cambio de adscripción de GN
Las fuerzas políticas de oposición en el Congreso y sus dirigencias nacionales rechazaron el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir acuerdo para incorporar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y anticiparon que presentarán una acción de inconstitucionalidad para frenarlo.
En el Senado y en la Cámara de Diputados, advirtieron que no respaldarán el acuerdo presidencial, mediante el cual el titular del Ejecutivo federal pretende, dijeron, violar la Constitución. En el mismo sentido se manifestaron los dirigentes nacionales de la alianza Va por México, quienes señalaron que dicho acuerdo es contrario a la Constitución, que concibe a la GN como un cuerpo civil de seguridad.
El líder del PAN, Marko Cortés, dijo que al inicio del sexenio se acordó, junto con las demás fuerzas políticas, que la participación de las Fuerzas Armadas sería temporal, mientras la GN se integrara.
Jesús Zambrano, dirigente del PRD, calificó como “vil militarismo” tal decisión, al recordar que para que este cambio se concrete, tendría que pasar por el análisis del Congreso de la Unión.
El priista Alejandro Moreno Cárdenas destacó que la única forma de “alterar” la disposición constitucional es con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, “la cual no tienen”.
En el Senado, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, adelantó que, una vez que el Presidente de la República formalice su decreto, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar la acción de inconstitucionalidad para frenar la intención de lo que consideró militarización del país.
“Acudiremos a la Corte y presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Es necesario que el Presidente entienda que en México tenemos tres poderes y él solamente encabeza uno”, manifestó.
El coordinador del PRI, Miguel Osorio Chong, puntualizó que la GN es una institución civil, por lo que, además de que no se puede militarizar, con el acuerdo que pretende promover el Presidente, “se estarían invadiendo, nuevamente, las facultades del Congreso”.
El líder del PRD, Miguel Ángel Mancera, recordó que el Presidente sí tiene facultades para expedir decretos, pero no para exceder lo que dice la Constitución, por lo que dijo que, “obviamente, puede haber acciones de inconstitucionalidad, sí puede haber medios de impugnación”.
Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, señaló que la Constitución establece la adscripción de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que no se puede declarar su militarización con un acuerdo administrativo del Presidente.
En San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, líder del PRD, advirtió que la decisión será frenada por la vía judicial: “no puede enviarla (la GN) al Ejército vía un decreto. Es violatorio de toda norma, pero también de toda forma jurídica y legislativa”.
El líder de la bancada panista, Jorge Romero, aseguró que la Guardia Nacional mantendrá su carácter civil, porque la coalición Va por México no dará un voto para que suceda lo contrario.
Para el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el anuncio presidencial reviste un “golpismo constitucional”.
Por el contrario, el dirigente parlamentario del PRI, Rubén Moreira, pidió no adelantar conclusiones y esperar la presentación de una iniciativa al respecto, y consideró que se debería tener “un gran debate sobre la seguridad nacional, ver qué falló en la reforma anterior, si algo falló, y entonces ponderar la necesidad de un cambio”.
ONG: decisión presidencial profundizará militarización
Organizaciones civiles se pronunciaron en contra del anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre adherir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro DH) advirtió que, de concretarse el plan, se profundizará la militarización del país y contravendrá la Constitución.
Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son “complacientes” al momento de llevar a cabo investigaciones, sin exhaustividad ni prontitud, que involucren abusos de poder cometidos por elementos de Fuerzas Armadas y la GN.
Además, dijo que los índices de violencia no han disminuido, sino que se han estancado en niveles altos, pues consideró que se privilegia la ocupación territorial sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos.
También alertó que se genera un riesgo mayor de corrupción y politización del sector castrense, y que “se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que “pidieron por varios sexenios”, por lo que su participación en áreas de la vida pública y ajenas a su sector han incrementado.
Al ser un acto contrario al Artículo 21 de la Constitución, en el que se menciona que la GN es de carácter civil, la organización también advirtió que el plan eludiría el debate legislativo necesario para que se genere el cambio buscado por el Ejecutivo federal.
En redes sociales, Amnistía Internacional lamentó el anunció y apuntó que atenta contra las facultades constitucionales del Poder Legislativo y perpetúa el enroque de militarizar la seguridad pública, que “debe estar en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de derechos humanos que México ratificó”.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad coincidió en que la medida violaría la Constitución, y consideró que “aún sin reforma, la GN ya está militarizada y operada por la Sedena”.
La Fundación para la Justicia dijo el Ejecutivo viola su compromiso de respetar la ley y que parece que “la militarización en el país se ve como la única respuesta”.
Institución, con 104 mil 839 elementos en 3 años
La Guardia Nacional (GN) actualmente cuenta con 104 mil 839 elementos desplegados en los 32 estados de la República, el estado que tiene el mayor número de efectivos es la Ciudad de México, con 13 mil 112, seguido de Estado de México, con nueve mil 937; Jalisco, seis mil 745, Michoacán, con seis mil 518, entre otros.
Las entidades con el menos efectivos son: Aguascalientes, con 341; Tlaxcala, con 557; Yucatán, con 865 y Campeche con 927, de acuerdo al Observatorio de la Guardia Nacional de Causa en Común. Cifras del Gobierno federal resaltan que el total de cuarteles construidos son 182, en construcción 66 con un total de 248.
El 27 de mayo del 2019, se difundió la Ley de la GN, que decretó la extinción de la Policía Federal y se otorgó un plazo de 18 meses para concluir la transferencia a la nueva corporación.
La Policía Federal contaba con 36 mil efectivos distribuidos en la Oficina del Comisionado General, y siete divisiones: Inteligencia, Investigación, Seguridad Regional, Científica, Antidrogas, Fuerzas Federales y Gendarmería, entre otros.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de que concluya este mes enviará su iniciativa de reforma para adscribir la GN a Sedena.
Al respecto, Carlos Galindo, investigador de Causa en Común, dijo a este diario que el anuncio del jefe del Ejecutivo federal será contrario al mandato Constitucional que dio origen a la GN, ya que la corporación debía de ser de carácter civil, se suponía que había una temporalidad de la participación del Ejército en tareas de Seguridad Pública.
“Es un acuerdo contrario al mandato Constitucional y es un acuerdo contrario al espíritu del poder legislativo de la reforma Constitucional que se autorizó a principios de este sexenio, entonces el acuerdo social en teoría, es el que emana en el Congreso y el que se plasma en la ley máxima que es la Constitución”, expuso.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, calificó como lamentable que el mandatario “decida violar lo que está establecido en la ley y que olvide que, a partir de la presencia del Ejército en seguridad, hemos visto un aumento en la violencia y en la medida que los uniformados se hacen presente en los estados crecen los delitos”.
“Este es el sexenio, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se han denunciado más hechos de tortura por parte de las Fuerzas Federales y más desapariciones forzadas, precisamente por el Ejército y GN”, señaló.
