El Gobierno federal impugnará la decisión del juez primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, que otorgó un amparo contra la construcción del Tren Maya, porque no se respetó el decreto que publicó para evitar retrasos en las construcciones de obras del Gobierno federal, afirmó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Yo emití un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba, la Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto, porque también lo impugnaron, y ahora de acuerdo al criterio que se está aplicando no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras, vamos a cumplir legalmente”, adelantó el jefe del Ejecutivo.
El mandatario dijo que, a pesar de la decisión judicial, se recuperará el tiempo que se pierda. “Vamos a continuar con todo el procedimiento legal, como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra vamos a reiniciar y recuperar tiempo”.
Añadió que a pesar de los esfuerzos de estas organizaciones a las que calificó de pseudoambientalistas, su administración promoverá los recursos legales necesarios, en otras instancias.
“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento, éste es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros, hay ambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador.
El Presidente destacó que en la zona en litigio representa grandes intereses económicos, pues se ubica el parque de diversiones Xcaret y la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan, quienes han recurrido a muchas estrategias para frenar el Tren Maya, incluyendo la contratación de artistas o como en este caso ambientalistas.
Suspensión no frenará construcción
La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen, consideró que la suspensión definitiva no garantiza que los promoventes del amparo sean al final de cuentas los ganadores de este proceso.
“¿Cuál sería la resolución del amparo? El juez tendría que ordenar que se hagan los estudios de impacto ambiental o que se consideren ciertos temas para poder hacer la construcción del tren, dudo yo que el juez se aviente a decir que pierda el amparo el Gobierno y que lo gane quien lo presentó, que son varias organizaciones entiendo yo, porque no lo van a permitir”, consideró De Buen.
Añadió que en términos generales una revisión contra la suspensión definitiva de amparo, llevaría entre tres y cinco meses, pero dado que se trata de una obra insignia de la actual administración, junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, es previsible que el Gobierno presione para que se resuelva en uno o dos meses.
Claudia de Buen consideró que además existe el decreto presidencial para que las obras de infraestructura del Gobierno puedan iniciar, aun cuando no tengan todos los permisos necesarios, no debería aplicarse porque también se encuentra suspendido y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado al respecto.
