El Presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, pues consideró que alentaría la impunidad y la corrupción: “La esencia es que se busca impunidad. Claro, impunidad y corrupción”.
Al plantearle que más de la mitad de la población penitenciaria no ha recibido sentencia y se mantiene en la cárcel por este tipo de medidas, reiteró: “sí, pero tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra; además, hay delitos graves.
Existe el derecho a la información y ya hay que ir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo: secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. La vida pública tiene que ser cada vez más públicaAndrés Manuel López Obrador, Presidente de México
En conferencia, pidió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y a la consejera Jurídica del Poder Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, que analizaran la resolución que adoptará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa y sobre la tipificación de los delitos graves.
“Y le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia, y del debido proceso, etcétera, etcétera, y no se entiende la esencia del asunto”, solicitó.
El mandatario también se manifestó en contra de lo que llamó “limitaciones que se fueron imponiendo” para juzgar a las personas acusadas, como en el caso de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos.
“Y existe, por el lado de la legalidad, de los procesos judiciales, lo del debido proceso, en el que no se pueden dar a conocer datos, pero también, si es un asunto de Estado, tiene que ver con la democracia y la regla de oro de la democracia es la transparencia; la democracia es el poder del pueblo; existe el derecho a la información y ya hay que ir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo: secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública”, expuso.
Por ello, instruyó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que difunda el informe íntegro presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del caso Ayotzinapa.
“Toda la información completa, es una instrucción, precisamente para evitar la manipulación. La instrucción fue: entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada”. Esta orden incluye entregar las pruebas y periciales practicadas por las autoridades.
Señaló que la decisión judicial no debe usarse como pretexto para permitir que los criminales vuelvan a las calles.
“¿Qué no un juez debería, independientemente de lo estrictamente legal, buscar la impartición de justicia? ¿O es nada más que el documento está mal, no se integró bien la averiguación y la detención no fue a las 10:00 de la mañana, sino a las 11:00, y ya con eso tengo excusa para dejar en libertad a cualquier persona?”, cuestionó en conferencia.
Ven riesgo feminicida si se elimina la prisión preventiva
Eliminar la prisión preventiva oficiosa del sistema judicial del país provocaría un “grave” problema de seguridad que afectaría principalmente a las mujeres, advirtió ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la presentación del Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la mandataria se pronunció acerca de la propuesta que el ministro Luis María Aguilar Morales presentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sobre la posibilidad de que dicha propuesta sea aprobada, Sheinbaum Pardo afirmó: “Creo que sería un grave problema; no solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo que también representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida”.
La Jefa de Gobierno indicó que muchas veces queda a criterio de un juez la aplicación de esta medida cautelar. Sin embargo, aseguró que su eliminación sería “un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad”.
Y añadió: “A quien está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacerle saber nuestra preocupación, de que esto pudiera llegar a ocurrir y que implicaría mayor impunidad”, señaló.
Posteriormente, en entrevista, la mandataria explicó que si bien entiende el fondo de esta propuesta por un tema de derechos humanos, es decir, para que no haya personas inocentes que cursen sus procesos en la cárcel, implica también “un riesgo muy grave” de que haya impunidad.
En tanto, durante el evento, las autoridades capitalinas dieron a conocer que a tres años de la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, las muertes violentas de personas del sexo femenino se han reducido en 30 por ciento, en tanto que los feminicidios bajaron 18 puntos porcentuales respecto a hace dos años.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, de 104 muertes violentas de mujeres que se registraron de enero a julio de 2020, para el mismo periodo de este año la cifra se redujo a 73. Esta misma reducción se observó en los casos que fueron investigados como feminicidios, los cuales pasaron de 50 a 41, mientras que los homicidios dolosos contra mujeres pasaron de 54 a 32 en ese periodo.
A la par, las vinculaciones a proceso por feminicidio tuvieron un aumento del 51 por ciento entre enero y julio del año en curso con el mismo lapso de hace dos años. En 2020, el órgano de justicia llevó a proceso por este delito a 35 personas, cifra que aumentó a 53 en este año.
Asimismo, hubo un aumento del 49 por ciento en las vinculaciones a proceso de agresores de mujeres, las cuales pasaron de un promedio mensual de 158 declaratorias en 2020 a 237 por mes en este año.
En su oportunidad, Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, explicó que desde que se creó la Unidad Especializada de Género en esa dependencia, las autoridades han recibido 777 quejas por violencia contra mujeres policías o ciudadanas de la capital del país. Estas denuncias han derivado en la sanción a 275 policías varones que cometieron alguna agresión de este tipo y la destitución de 82 de ellos.
Destacó que mil 982 cadetes de la Policía capitalina fueron capacitados en materia de género, por medio del curso Vida libre de violencia para mujeres, mientras que más de diez mil policías han asistido a diversos cursos.
FBPT
