El Presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a establecer un diálogo directo, como le planteó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a través de una reunión para discutir sus puntos de vista sobre la reforma al Poder Judicial, lo cual, dijo, se podría abordar con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
“Yo no tengo nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial”, dijo, a la vez que celebró que ya se reconozca la necesidad de transformar a este sector. No obstante, lanzó una serie de críticas al Poder Judicial.
“Y me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel; se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco”, afirmó.
El mandatario cuestionó, “con todo respeto”, a la presidenta de la Corte: “Por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros; por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo y por qué tardan tanto; por qué las tácticas dilatorias. Que revisen los casos que tienen”.
Enfiló también sus señalamientos sobre por qué los miembros del Poder Judicial no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años, “o que nos explique por qué deciden ganar más que el Presidente si la Constitución establece lo contrario; o por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios, como si fuese una burocracia dorada, y muchas otras cosas”.
Aclaró que no es nada personal, pero se tiene que limpiar el país de corrupción porque, si no, es imposible avanzar pensando en las nuevas generaciones, pues se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable.
El mandatario federal dejó en claro que el diálogo que solicitó la ministra se tendrá que dar con la titular de Gobernación, pues el Poder Ejecutivo ya envió la iniciativa al Congreso, donde ya se abrió la discusión y las negociaciones.
“Ya se abrió un diálogo; entonces sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros, y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. ¡Qué bueno! que se reconoce que hace falta la reforma, creo que eso es un paso adelante”, subrayó.
Sobre los procedimientos, López Obrador expuso que el método de elección de jueces, magistrados o ministros lo va a analizar el Congreso.
“Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de Derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados y esto es una renovación. Además, estudian Derecho y, al ser juez, magistrado, ministro, lo que se requiere además de la profesión de abogado, es la honestidad, ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia, ¡qué más!”, refirió.
Opinó que el otro punto es cómo interpretan la ley los nuevos abogados, para lo cual, abundó, hay mucha bibliografía, tesis, jurisprudencia. Sin embargo, “muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos”, añadió.
Ante las críticas de la ministra Piña Hernández sobre la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros, reiteró que deben ser los ciudadanos quienes lleven a cabo ese proceso, y pidió que no se menosprecie al pueblo porque es sabio, con un instinto certero que sabe lo que conviene y no.
...Y plantea la elección de jueces por distritos
En el marco de la reforma al Poder Judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ayer que la elección de los jueces y magistrados se haga por distritos.
Detalló que, aunque el método podría traer complejidades en algunas partes del país, como en la Ciudad de México, por el número de jueces que se tendría que elegir, son asuntos de procedimiento que se resuelven.
“Hay forma, hay que ver si se puede distribuir por distrito, definir por distritos, y si hay que elegir en cada distrito, qué sé yo, 30 jueces, y se inscriben 300, pues se ponen los 300 nombres en una papeleta y el ciudadano puede ahí, de los 300, elegir 30; luego se hace el conteo, cuántos se repiten más, por poner un ejemplo, pues”, respondió el Presidente.
Opinó que “no creo que haya 300 por distrito, puede haber menos. Te llega tu boleta y tú vas viendo a quién conoces, a quién escuchaste, el que va a ser después de que se den a conocer, después de la campaña, pero ésos son asuntos de procedimiento que sí se resuelven”.
Al referirse a la elección de ministros, manifestó que de los 11 a seleccionar, serían seis mujeres y cinco hombres.
“En el caso de los ministros son 11, vamos a suponer que se inscriban 110, 10 veces más, o 20 veces más, 200, de ahí sacas los 11”, explicó, tras subrayar que “además, si son 11 tienen que ser seis mujeres y cinco hombres, porque va a ser, se está planteando que haya igualdad, pero ésos son asuntos de procedimiento”.
Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, reiteró que lo verdaderamente importante es una renovación total en el Poder Judicial, y que se incluya la participación de la población.
“Aquí lo importante es que se renueve, con la participación de la gente, el Poder Judicial. Siempre es importante una renovación, una reforma, más cuando se está en una situación de decadencia”, expresó el mandatario.
“Ya hay diálogo en el parlamento abierto”
La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el diálogo sobre la reforma al Poder Judicial (PJ) se encuentra en el Legislativo y ahí se debe dar a través del parlamento abierto, en respuesta al llamado que hizo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sostener un encuentro.
“Ya está el diálogo, para ello hay parlamento abierto, ya participaron los ministros de la Corte; la iniciativa fue enviada al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, y decidió abrir el parlamento y ahí es donde se abre el diálogo con ministros y jueces”, explicó.
En conferencia, tras reunirse con la International Monetary Conference (IMC), expuso que quienes sean elegidos por la gente, no se van a prestar a atender a empresas o gobiernos, ya que le responderán únicamente a la ciudadanía que los eligió: “Se fortalece la autonomía del Poder Judicial y el Estado de derecho”.
Mencionó que el diálogo siempre existe y nunca se va a negar a ello, pero aclaró que ahora la reforma judicial está en manos del Legislativo e, incluso, resaltó que la presidenta de la SCJN ya participó en uno de ellos.
“Esta idea de que hay que reunirse con la próxima Presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó y que fue parte de las promesas de campaña, ya está en el Legislativo, pero ahora el asunto, el objetivo que tiene ese diálogo, pero con la reforma, está en el parlamento abierto”, indicó la próxima mandataria.
Mencionó que lo que es indispensable es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Por otra parte, Claudia Sheinbaum dio a conocer el proyecto de nación en el que destacó la implementación del Plan Nacional de Energía, un Plan Nacional Hídrico, un Plan de Desarrollo Profesional y Técnico, así como un Plan Nacional de Infraestructura, que incluye la construcción de carreteras, aeropuertos, nuevos kilómetros de trenes de pasajeros y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Destacó también el Plan Nacional de Seguridad, basado en la atención a las causas y la cero impunidad, además de un Plan de Vivienda para construir un millón de nuevas casas dignas y accesibles para las y los mexicanos.
“Hablamos de prosperidad compartida, que es el eje central de lo que va a ser nuestro Gobierno en los próximos seis años, o la búsqueda de lo que queremos para los próximos seis años: desarrollo sustentable con bienestar. En pocas palabras, significa prosperidad compartida, prosperidad para todos y para todas”, señaló la próxima mandataria.
Por la tarde, la virtual Presidenta electa se reunió de manera presencial con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y con su esposa, Mariana Rodíguez, con quienes platicó acerca de proyectos de infraestructura.
El mandatario estatal dijo que la felicitó por convertirse en la primera Presidenta de México, “un logro histórico que no debe dejar de reconocerse”.
Agregó que hablaron de proyectos de movilidad, de las carreteras, las nuevas líneas de Metro, del impacto económico que tendrá la aduana Colombia, de las oportunidades del nearshoring y de todos los proyectos del estado que impactan de manera positiva en todo México.
Monreal: Diálogo sobre PJ es con el Legislativo
En medio de protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reprochó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, haber convocado al diálogo al Poder Ejecutivo y no al Legislativo, que es el que finalmente aprueba las leyes y reformas.
Durante el cuarto foro de Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, realizado en la sede del Congreso estatal, en Tuxtla Gutiérrez, lamentó la omisión de la ministra Piña hacia los legisladores.
“Cuando ayer (lunes) escuché al ministro (Javier) Laynez, a la ministra presidenta, de exigir o plantear un diálogo al Presidente en funciones, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta electa Claudia, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir: al legislador.
“El Poder Legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y en su caso aprobar la reforma judicial. El Presidente al presentar la iniciativa concluyó y agotó su facultad, la presidenta virtual habrá de conducir al país y el legislador ordinario y órgano reformador hará la puntualización en la norma jurídica concreta”, remarcó.
Monreal destacó que es la primera vez que se tiene una protesta de empleados del PJF, “quizá porque vino usted (ministro Laynez) o Celia (Maya, consejera de la Judicatura Federal), pero no tienen razón los trabajadores, no hay una norma que los afecte”.
Insistió en que no se trastocan los derechos de los trabajadores del PJF con esta reforma, en lo más mínimo. Señaló que no hay problema de que se manifiesten, pero hay que aclararles lo que está pasando.
Expuso que cuando uno de los poderes invade la esfera de competencia de otros, el desequilibrio es alto. Añadió que todo gobierno puede ser libre si observa la división.
Afirmó que el Poder Judicial asumió un papel que rebasa sus facultades constitucionales y trastoca la labor del Legislativo y el Ejecutivo, anula la división de poderes y, además, invade competencias.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara baja, Leonel Godoy, afirmó que en la aplicación de la reforma judicial habrá gradualidad, por lo que declaró lista a su bancada para escuchar, debatir con argumentos y no se impongan el odio ni la violencia.
“No es cierto que el día que la reforma se apruebe, al otro día se vayan los jueces, magistrados y ministros. Es un tema de discusión cómo será. De entrada, se calcula que podemos tener 200 vacantes en los próximos meses”, explicó.
Aclaró que la propuesta de reforma judicial no está hecha para una coyuntura política ni electoral, ni tampoco fue “sacada de la manga”, sino que se busca que sea fortalecido el Poder Judicial autónomo e independiente, “sin injerencia del poder económico ni del crimen organizado”.
Laynez niega abusos y corrupción en el PJ
Con opiniones divididas de representantes de la SCJN, Consejo de la Judicatura, abogados, magistrados, especialistas y políticos sobre la permanencia o no de la carrera judicial, señalamientos a la Corte en el exceso de su labor como contrapeso y su revisión del proceso legislativo, se desarrolló el cuarto foro de Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial.
Entre protestas de 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) afuera del recinto legislativo chiapaneco, el ministro de la Corte, Javier Laynez, rechazó que haya abusos del Poder Judicial al invalidar reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, así como que todos los impartidores de justicia sean corruptos.
En su ponencia, explicó que la jurisprudencia de la Corte para revisar al Legislativo data de 2008, y advirtió que con la reforma al Poder Judicial se debe tener cuidado con una regresión. Al mismo tiempo, descartó que las reformas sean lo mejor para cambiar al PJ.
“No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante, son los tres: votaciones, publicidad y, por favor, que escuchen, que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Únicamente como dato curioso, desde 1996, la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? Cuatro. Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”, afirmó.
Dijo estar de acuerdo que se analice si la Suprema Corte se ha excedido en su actuación. No obstante, alertó que con la reforma al Poder Judicial se debe tener cuidado de no violar el principio de regresividad, porque afectaría la protección de los derechos humanos.
Reconoció que el Poder Judicial tiene problemas graves, pero se pronunció en contra de la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular.
Celia Maya, consejera de la Judicatura Federal, dio su respaldo a la reforma al Poder Judicial y reconoció que la Corte no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado: “Y del Consejo de la Judicatura hay que decirlo, las estipulaciones normativas y los esquemas administrativos, que fueron expedidos para regular, lo han ahogado, lo han colapsado. Lo que han producido es un incremento del poder a un solo órgano, la presidencia de la Corte”.
Tras denunciar que fue víctima de censura porque le cerraron el micrófono al exceder el tiempo de su ponencia, el juez Felipe Mata expresó sus preocupaciones sobre la reforma que plantea una elección mediante voto popular, lo cual es un atentado contra la independencia judicial.
“Sin embargo, cambiar a los actuales ministros y la integración de la Corte es un atentado mayúsculo a la división de poderes y a la independencia judicial (…) El 60 por ciento del pueblo les brindó la confianza de reformar las leyes, el 40 restante les impide modificar la Constitución, pero en ningún caso tienen carta abierta para transgredir los principios”, aseveró.
El gobernador electo, Eduardo Ramírez, planteó a los encargados de mejorar el sistema de justicia, la creación de un mecanismo que garantice que los ministerios públicos ejerciten la acción penal de manera eficaz.
“Popularidad no debe de sustituir al mérito”
Al pronunciarse en contra del desmantelamiento de la carrera judicial, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez afirmó que la popularidad no puede sustituir al mérito, y dijo que la experiencia de ministros y juzgadores no equivale a corrupción.
Durante su participación en los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, cuya cuarta sesión se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la legisladora dijo que es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad.
“La popularidad no debe sustituir al mérito y lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional: la experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo en que se elija por voto popular a los ministros ni los jueces y magistrados de la Federación”, aseguró.
Señaló que, para tener la tan anhelada justicia para los mexicanos, se requiere una reforma integral que atienda la prevención del delito, con educación y justicia cívica, atención a los sistemas de procuración de la justicia estatal y federal, y una reforma al Poder Judicial, “pero sin odio y sin venganza”, poniendo en el centro la justicia para las víctimas.
“Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata. Una reforma judicial que sirva al pueblo y se los digo de corazón: quiero el éxito de la futura Presidenta de México; si ella gobierna bien y gobierna para todos, le va a ir bien a nuestro país”, apuntó la panista.
Opinó que la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no va en la ruta de mejorar a este poder, además de que están en riesgo los “diques” que protegen los derechos humanos ante el Ejecutivo federal.
Manifestó que debe haber plena independencia del Poder Judicial, el cual, reconoció, no es perfecto, pero sus defectos no justifican que se le maltrate.
Reforma judicial divide a personal de ese poder
A pesar de que desde la misma presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la ministra Norma Piña, se ha llamado a mantener la unidad dentro del Poder Judicial (PJ), varias voces que están dentro afirman que están divididos en partes iguales los bloques tanto a favor como en contra de la enmienda.
De acuerdo con un estándar internacional establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero en México tenemos sólo 4.4 por cada 100 mil habitantes, dijo un juez en materia familiar a La Razón, quien prefirió no revelar su nombre “para evitar grillas”. Dijo que él en silencio, como otros de sus compañeros, está a favor de la reforma al PJ propuesta por el Ejecutivo.
“Desde hace años hemos tratado de ponernos de acuerdo para una reorganización. Siempre las cúpulas siguen diciendo que el siguiente año y el siguiente año, esto en tema de convocatorias. Creo que ocurre lo mismo que pasó en el sistema de salud: no contrataban médicos y ahora, con esta nueva administración, lo hacen. Hace falta personal, hay rezago que recae en las personas juzgadoras”, dijo el juez, quien labora en los tribunales de lo familiar en la Ciudad de México.
A pesar de que el juzgador dice que esto traerá consecuencias, es mejor enfrentarlas que seguir manteniendo “algún tipo de cáncer al interior del Poder Judicial”.
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, realizado por el Inegi en el 2023, hay 53 mil 160 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). De este total, sólo el siete por ciento corresponde a la SCJN; el 3.4 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el restante 89.6 por ciento está adscrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El juez sostuvo que cualquier intento de reforma judicial debe considerar los posibles impactos en la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales, pues una modificación que no sea debidamente planeada podría agravar los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de las personas juzgadoras del país; sin embargo, expresó estar de acuerdo con que el proceso se dé de manera gradual y dijo que al menos el 46 por ciento de los trabajadores de todo el PJ, que conforman más de 53 mil, apoyan “de una manera u otra la reforma”.
“Hay varios métodos para la selección de jueces y magistrados, pero muy pocos países eligen a sus jueces a través de la votación popular; algunos lugares en Estados Unidos, en Suiza y Japón lo hacen. Es falso que en ningún lugar del mundo se haga. Sí se puede, pero hay que revisar de qué manera”, expuso el juzgador.
Verónica Amador, trabajadora administrativa del PJ desde hace 15 años, dijo que estuvo presente en una reunión con la ministra Lenia Batres y que, aunque hay mucha polémica en torno a esta reforma, “sí han estado dando información”.
“Uno, como trabajador, debe tener iniciativa de investigar, pero no sólo el rumor. Yo asistí a la plática que dio la ministra y sí hubo agresiones contra ella, verbales; decían que eran trabajadores, pero la verdad no ubiqué a nadie y, aunque la plática era por parte de Morena, explicaron bien cuándo y cómo sería la reforma”, dijo.
La asamblea pública que menciona la entrevistada fue organizada por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y contó con la participación del diputado federal Hamlet García Almager y el maestro en Derecho Federico Alcalá.
En contraparte, el magistrado de Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, consideró que en este nuevo esquema de designación, el cual es el centro de la reforma, sobre la elección popular de jueces y juezas, es vital hacer referencia que el Estado mexicano ha invertido una fuerte cantidad de recursos en la formación y preparación de los servidores públicos que hoy prestan el servicio público de administración de justicia.
Además, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aclaró que no están en contra de la austeridad, sino que los presupuestos deben estar diseñados para que haya operatividad. Comentó que, por falta de recursos, no hay sustitución para permisos de maternidad o licencias médicas.
Preguntó qué pasaría si se pagaran las horas extra devengadas o en qué parte de la ley señala que a los secretarios o actuarios no se les debe pagar el tiempo adicional: “Muchas veces el actuario debe ocupar su propio vehículo y pagar su gasolina. Es mentira que existan grupos al interior. Opiniones sí hay muchas, pero es un poder unido”.
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