La única acción legal que queda para los trabajadores del Poder Judicial es interponer amparos individuales y acudir a instancias internacionales, debido a que la oposición ya no tiene forma de “echar abajo” la reforma judicial, aseguró José Manuel de Alba, magistrado en retiro.
En entrevista con La Razón señaló que la primera garantía de los mexicanos es la división de poderes, pero aclaró que fue roto al aprobar la reforma judicial.
Además, señaló, la independencia judicial garantiza que a los jueces no se les remueva o se les quiten o bajen los sueldos, ni que los otros dos poderes los presionen. “Están violando la garantía de audiencia de los trabajadores porque no se les hace un juicio al despedirlos. Ellos están rompiendo el Estado de derecho”, precisó.
Aclaró que el Poder Judicial y el Poder Legislativo rompieron el Estado de derecho al entrar en desacato por violar la suspensión de una jueza, pero señaló que no les importó no hacer caso a ese mandato judicial, que podía tener consecuencias y sanciones penales.
“No le hacen caso a la suspensión de la jueza, simplemente no reconocieron el Estado de derecho; ya no les importó el Poder Judicial, digamos que desconocieron ya a las autoridades y como ya no estamos en un Estado de derecho, por sus pantalones no la siguen”, agregó.
Indicó que los trabajadores deben acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a impugnar la reforma y proteger sus derechos, además de que el Gobierno de México reconoce a ese organismo internacional y sus sentencias.
“Si el Gobierno federal desconoce a la Corte Interamericana y una resolución a favor de los trabajadores del Poder Judicial, entonces sí, ya estamos hablando de un régimen totalitario”, dijo.
Sostuvo que los trabajadores pueden ampararse por cese injustificado y, en el caso de los ciudadanos, por la violación de sus derechos humanos, por quitar los instrumentos por los que se pueden defender.
