A 436 días de la omisión legislativa por la falta de la ley reglamentaria para la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE)aprobó los lineamientos para la implementación de este ejercicio, los cuales establecen la realización de la consulta para el 27 de marzo de 2022, prohíben que los partidos y gobiernos soliciten este ejercicio o recaben firmas y precisa que el Consejo General definirá la pregunta.
Sin embargo, estos lineamientos serán desechados si el Congreso de la Unión emite la ley secundaria –que debió emitir hace 14 meses– antes de que concluya septiembre, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En sesión ordinaria, los integrantes del Consejo General defendieron la determinación de la autoridad electoral para elaborar y avalar los lineamientos para organizar la revocación y definir los recursos presupuestales que solicitarán en el paquete que enviarán este sábado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El consejero presidente Lorenzo Córdova indicó que desde el INE tiene claridad de los avances que hay en el Congreso sobre la elaboración y las propuestas para la revocación de mandato, por lo que al ser expedida la legislación se adecuarán los lineamientos de la autoridad electoral.
“El único objetivo que hemos perseguido al ejercer la facultad reglamentaria que tiene esta autoridad electoral es darle un sustento normativo a la solicitud de recursos presupuestales para el ejercicio presupuestal 2022 e inyectarle, como siempre lo hemos hecho, certeza a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la forma en la que el INE cumplirá sus atribuciones”, comentó.
Los consejeros electorales argumentaron que la necesidad de enviar el paquete presupuestal del INE, incluyendo un presupuesto preventivo para el ejercicio de la revocación de mandato los llevó a emitir los lineamientos.
El representante del Poder Legislativo de Morena, Alejandro Viedma, reclamó que desde el INE le cuenten los días de la omisión legislativa al Congreso y adelantó que su partido impugnará los lineamientos aprobados.
Dijo que si el senador Ricardo Monreal ya había hecho el compromiso de plantear el tema desde el 2 de septiembre, entonces el instituto debía considerarlo; sin embargo, al ser cuestionado por la consejera Adriana Favela si esto implicaría que el INE tendría otro mes para enviar su paquete presupuestal a Hacienda, Viedma negó que estuviera en sus posibilidades decidirlo.
Los lineamientos contemplan criterios para la organización de la revocación de mandato; la propaganda, que prevé prohibir la propaganda gubernamental a partir de la emisión de la convocatoria; la recolección de firmas para convocar al ejercicio, en la que no pueden participar los partidos, entre otros criterios.
Respecto a este último punto, el PAN, PRD y PRI lamentaron que la autoridad electoral avale el hecho de que en lugar de que los partidos utilicen sus prerrogativas para la recolección de firmas para convocar a la revocación de mandato, se autorice que se junten las firmas de apoyo con recursos privados.
En tanto, la representación de Morena señaló que por lo que corresponde a la propaganda gubernamental, no permitirá que se censure la voz presidencial en las conferencias mañaneras que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el debate, los consejeros electorales defendieron que el INE sí tiene facultades para emitir lineamientos, ya que esto no invade facultades del Legislativo, además de que esto fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su última sentencia en la que ordenó al Congreso emitir la legislación para la revocación de mandato.
Ante los cuestionamientos de los morenistas por los altos costos de la revocación, el consejero presidente Lorenzo Córdova aseveró que no se puede promover un debate poco informado.
Apuntó que si este año se realizó el ejercicio de la consulta popular con los mismos recursos que ya se tenían fue porque el INE contaba con un “viento de cola” debido a que ya había funcionarios capacitados para los procesos electorales del 6 de junio.
FGR