Como parte de 24 horas ininterrumpidas de sesión, caracterizadas por los propios diputados como un “maratón legislativo”, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la madrugada de este miércoles un polémico paquete de cinco iniciativas, de las cuales cuatro se dieron por la vía rápida, sin mayores trámites, a voluntad de Morena y sus aliados.
La jornada arrancó durante la madrugada del miércoles, con el único dictamen que avanzó en consenso, al recibir 450 votos a favor, para sancionar hasta con seis años de prisión a los montadeudas, mediante reformas a la Ley de Instituciones de Crédito.
Se prohíbe que las instituciones de crédito soliciten acceso a la información privada como contactos, fotografías y video contenidos en medios digitales como teléfonos celulares, tabletas, computadoras de los clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera, excepto aquellas indispensables para la prevención, según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La pena aumentará hasta en una mitad, cuando la conducta se realice a través de aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago y plataformas que ofrezcan servicios digitales, redes sociales o servicios por Internet.
En segundo turno, pero constituyéndose como el primer “albazo” de la madrugada, el pleno aprobó, con 256 votos, una iniciativa enviada por el Presidente para que el 80 por ciento de los recursos recaudados por derechos de la expedición de documentos migratorios para turistas se destinen a un fideicomiso con el que se redirigirán los montos a la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, entre otros.
“Quieren un cheque en blanco para el Tren Maya”, dijo la diputada de Movimiento Ciudadano Mirza Flores, quien al manifestarse en contra señaló que la cifra equivale a 17 mil millones de pesos anuales que terminarán en la obra insignia del Gobierno federal, “porque ya no saben cómo acabarlo a tiempo, con sobreprecio y sin dinero”.
La aprobación inmediata de un tercer dictamen comenzó cerca de las 3:00 horas y consistió en el aval para otra iniciativa presidencial con la que se extingue el organismo público descentralizado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como la abrogación de su ley orgánica.
Con esto, la oposición advirtió que se generaría un impacto negativo en la economía, la seguridad alimentaria y el financiamiento para el sector agropecuario y rural, así como a la creación de empleos y el crecimiento económico de las zonas rurales; sin embargo, el bloque guinda defendió la propuesta, por considerar que el cierre de la Financiera era producto de la “depredación de recursos” con la que se saqueó al sector rural y pesquero.
El “golpe” de la jornada fue durante la mañana, con la discusión de un proyecto impulsado por el titular del Ejecutivo federal para expedir la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para centralizar el quehacer científico en la administración pública federal.
Avalada esta iniciativa, el pleno amaneció con el último “albazo”, al aprobar un dictamen para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo fue transferir facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para coordinar las Unidades de Administración y Finanzas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
