Tras más de siete horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó con 270 votos a favor y sin cambios, el dictamen por el cual se modifica la Ley Federal de Derechos que, entre otros aspectos, establece que la recaudación por derechos mineros será destinada a obras gubernamentales y dependencias de la Administración Pública Federal.
Según el dictamen, enviado al Senado para su discusión y votación, 85 por ciento será para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud (SSa), entre otras; 5 por ciento se destinará a la Secretaría de Economía (SE), para que se fortalezca el sector minero y control de esta práctica.
El diez por ciento restante será dirigido al Gobierno Federal, para los proyectos de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.
A partir de una reforma al artículo 40, se estipula que los ingresos obtenidos por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por la prestación de los servicios que lleva a cabo como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y auxiliar del Servicio de Administración Tributaria, sean destinados a ella misma.
Entre otros, se encuentra que las personas extranjeras que soliciten visa de visitante sin permiso para trabajar no realizarán algún pago siempre y cuando sea por causas humanitarias, sean consideradas víctimas o que acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en México.
“El Estado debe reconocer y salvaguardar los derechos de las víctimas, los cuales deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas”, se lee en el dictamen.
También se apunta que los derechos obtenidos por concepto de pasaporte o documento de identidad y viaje, se destinarán en 30 por ciento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para mejorar sus servicios y operaciones.
Durante la discusión se aprobó una reserva para que este porcentaje se elevara a 40 por ciento; sin embargo, el morenista Leonel Godoy solicitó más tarde que ésta fuera votada por separado, por lo cual los legisladores reviraron y la desecharon.
La decisión fue tomada con la notable ausencia parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) cuyos diputados se mantuvieron ausentes no sólo de la discusión, sino también de sus curules durante la mayor parte del debate.
Al fijar postura, el perredista Marcelino Castañeda reclamó al bloque mayoritario que el dictamen fuera llevado a votación con inmediatez y que no se lograran cambios, pues acusó que las modificaciones a esta ley sólo tuvieron como fin tener ingresos “para cumplir los caprichos presidenciales”.
“De una forma desesperada en menos de dos días la presentan al pleno sin la discusión debida, solo cumpliendo... una consigna: cómo va el dictamen tiene que salir ya. Es más, estoy seguro que muchas y muchos de ustedes ni siquiera saben de lo que se trata y quienes verdaderamente lo hicieron saben perfectamente las atrocidades que vinieron a exponer que nos envió el Ejecutivo”Marcelino Castañeda, diputado del PRD
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá criticó las proyecciones para el siguiente año, a las cuales calificó como “poco viables”, por sobreestimar el crecimiento del PIB o la producción petrolera.
Ahora, el pleno de la Cámara pasará a debatir la Ley de Ingresos 2023 para la cual se espera sean discutidas más de un centenar de reservas.
