En medio de una nueva batalla a gritos por la contienda electoral del próximo año, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para revertir una modificación hecha en el 2014 que daría lugar a un doble Congreso el próximo año, con más de mil legisladores.
El proyecto recibió 444 votos a favor, cero en contra y una abstención de la diputada Susana Prieto Terrazas, de Morena, y ahora será turnado al Senado para su ratificación.
Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, explicó que el fin es que la redacción del primer párrafo del artículo 65 constitucional quede como estaba antes de la reforma del 2014, con la que se abría un escenario en el que la próxima legislatura comenzaría el 1 de agosto y no el 1 de septiembre.
Tras mencionar que es una obligación explicar al país por qué se dará una reforma sin mayor debate, aseguró que esta modificación no tendrá ningún impacto en el próximo proceso electoral.
El legislador apuntó que en la redacción de la reforma no se precisaron las fechas de entrada ni salida de las legislaturas para el próximo año, lo que daría lugar a que durante un mes estuvieran vigentes más de mil legisladores, en lugar de los 628 que por ley debe haber.
También hizo hincapié en que no se trata de agregar un mes más a la actual legislatura, ni tampoco afectará la preparación del Congreso para la entrada del próximo Presidente en octubre del 2024.
La diputada Sue Ellen Bernal, del PRI, dijo que la reforma del 2013-2014, que promovió el régimen gubernamental, favoreció el diseño institucional de las autoridades electorales.
Admitió que se han revelado inconsistencias en su ejercicio, ante las cuales se deben hacer correcciones “para evitar conflictos y crisis que son innecesarias”.
“Es importante señalar que la reforma (del 2014) no sustentó razón alguna para modificar la duración del ejercicio constitucional de las legislaturas y no existe disposición que exprese que la actual legislatura concluye sus funciones el 31 de julio del 2024”, destacó.
El morenista Alejandro Robles reclamó que este conflicto constitucional fue responsabilidad del “PRIAN”, por haber sido quienes impulsaron la reforma.
En su intervención, el legislador se refirió a la coalición que ambos partidos formaban entonces bajo el nombre de “pacto por México” y que, acusó, hoy encabeza el empresario Claudio X. González, “que, aunque se ponga huipil y se disfrace de mujer y se diga indígena”, sabemos que es el exponente de la oligarquía”, en referencia a Xóchitl Gálvez.
La presidenta de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, lo interrumpió para pedir al legislador que se apegue al tema del debate, lo que desató reclamos de los morenistas que salieron en su defensa, como la diputada Guadalupe Chavira, quien dijo a la priista que no puede reconvenir a ningún diputado.
El hecho derivó en una nueva batalla a gritos, en la cual la oposición alzó los brazos y los cruzó para formar la inicial de Xóchitl Gálvez, cuyo nombre coreaban insistentemente y que, en ocasiones, era interrumpido para burlarse del proceso interno de Morena.
