Líderes de oposición en Venezuela denunciaron el arresto de la activista y directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue acusada de ser parte de una supuesta red que planeó el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro.
Con casi dos días de retraso, la prensa local confirmó la captura de la abogada y experta en temas de seguridad.
Según los primeros reportes la mujer de 57 años fue seguida hasta el Aeropuerto Simón Bolivar y la detuvo cuando pretendía viajar al extranjero por vacaciones, de acuerdo con fuentes consultadas por Associated Press, lo que provocó que sus aliados la buscaran y denunciaran su desaparición desde el pasado 9 de febrero, pues hasta esta mañana se desconocía el paradero de una de las figuras más importantes en el país en favor de los derechos humanos.
Al respecto, la aspirante de oposición al Gobierno, María Corina Machado, acusó que el régimen chavista exhibió la “arremetida represiva” contra aquellos que disienten con Maduro y tratan detener el intento del heredero de Hugo Chávez, de reelegirse, pues no hay garantías de que las elecciones de fin de año sean libres y democráticas, mientras que decenas de organizaciones lanzaron en redes sociales una campaña para localizarla bajo el hashtag #DóndeEstáRocío.
En medio de la incertidumbre por el paradero de la defensora, el fiscal de Caracas, Tarek William Saab, informó que San Miguel fue capturada por ser integrante de la trama “Brazalete Blanco”, que se identificó a inicios de año.
Según el Ministerio Público presuntamente conspiró para “atentar contra la vida de Maduro Moros” y otros líderes, así como para atacar cuarteles militares, presuntamente con apoyo del exterior sin apuntar contra alguna dependencia.
Sin embargo, el Gobierno no proporcionó pruebas en contra de la abogada que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ser acosada y perseguida por el régimen, y tampoco dio información sobre el lugar al que fue trasladada para su presunto proceso.
En tanto, el director de la organización Pro Penal, Gonzalo Himob, dijo a AP que ya se movilizan para ubicar a San Miguel y garantizar la debida defensa de quien enfrenta cargos graves a casi ocho meses de los comicios.
Mientras que otras organizaciones denunciaron las arbitrariedades del régimen como Civilis Derechos Humanos, mientras que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunció un auténtico cierre de espacios cívicos en el país.
Previamente, medios venezolanos expusieron que San Miguel se unió a la lista de hasta 30 disidentes detenidos en las últimas semanas, pero el Gobierno tiene la mira en 20 más por presuntos actos de corrupción y hasta conspiración.
