La organización Artículo 19 advirtió que el Plan B de Reforma Electoral, que ahora es discutido por el Senado de la República, no cumple con los estándares en libertad de expresión y en materia de transparencia, por lo que pidió a la Cámara Alta “revertir” la discrecionalidad aprobada por la Cámara de Diputados.
“Mediante la reforma aprobada por la Cámara de Diputados es previsible que persistirán malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial. También se prevé que no se revierta el uso condicionado del gasto de comunicación social como forma de manipulación sobre las líneas editoriales de periodistas y medios de comunicación”, señaló.
Al incluir el plan modificaciones a la “Ley Chayote”, como se ha referido a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), señaló que los cambios no regulan la publicidad oficial, al excluir principios como la rendición de cuentas para asignar recursos al gasto que se hace en este rubro.
En el paquete de reformas aprobado no se marca diferencia entre tipos de medios de comunicación que existen y otros canales de difusión, como mobiliario y plataformas digitales.
Advierte, también, que se corre el riesgo de que personas físicas y morales de carácter privado que reciban recursos para publicitar queden fuera del escrutinio público y recalca que tampoco se definen topes de asignación de dinero por medio de comunicación, por lo que la “hiper-concentración” del gasto en comunicación social en “unos cuantos medios” será un patrón que se mantiene.
Puntualiza que la definición de publicidad gubernamental no aclara que ésta debe financiarse con presupuesto público, etiquetado de manera específica para tal fin.
Además, alerta que al dejar fuera las “manifestaciones de las personas servidoras públicas en el ejercicio de su libertad de expresión” de una forma de “publicidad gubernamental”, entonces dará pie a que cualquier servidor, incluyendo al Presidente, pueda promocionar cualquier situación que contravenga la legislación en materia electoral.
La organización consideró que la celeridad que se pretende dar al proceso, a pesar de contener “graves omisiones”, preocupa y refleja falta de voluntad por regular manera exhaustiva el tema.
De la misma manera, acusa que el proceso ha relegado a voces académicas, periodistas y sociedad civil.
“Exhortamos al Senado de la República a reconsiderar la iniciativa de reforma a la LGCS recientemente presentada y constreñirse a los estándares más altos en la materia en sintonía con lo dictado por la SCJN, de lo contrario la garantía del derecho a la libertad de expresión y a la información seguirán siendo vulneradas”, instó.
CEHR
