Julián Carrillo, defensor de los derechos de los indígenas, fue asesinado en las montañas de la Sierra Madre, en Chihuahua, semanas después de que los miembros de la comunidad de Coloradas de la Virgen se quejaron de una concesión minera otorgada a terceros en sus tierras.
El gobierno del estado condenó el asesinato que tuvo lugar la víspera por la noche y confirmó que el activista era beneficiario del programa federal de protección a defensores de los derechos humanos.
Por eso, la fiscalía ordenó que se investigara si la agresión “pudo haber provenido de los caciques de aquella región, como respuesta a la defensa que ha realizado de su comunidad y de los derechos de los pueblos originarios”.
Además, Amnistía Internacional condenó el crimen y señaló que Carrillo recibía la protección oficial desde 2014 pero que hombres armados continuaron amenazando a la comunidad. En 2016, la casa de Carrillo fue incendiada y cuatro de sus familiares fueron asesinados en los últimos tres años.
En lo que va del año, por lo menos 17 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México.
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