E n medio de reclamos y hasta ratones de hule que le fueron lanzados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, hizo ayer la primera entrega de la Cuenta Pública 2022 en la que revela un presunto daño a la Hacienda Pública por más de 71 millones de pesos, de los que aún falta por aclarar 61 millones 547.4 mil pesos.
De las irregularidades detectadas, cinco millones 559.3 mil pesos fueron halladas en el Gasto Federalizado correspondiente al ramo educativo en las entidades: Durango, el Estado de México, Sinaloa, Baja California Sur y Veracruz únicamente, según el reporte.
En este apartado se indica que hubo una recuperación de dos millones 835.9 mil por lo que aún resta que estas entidades aclaren dos millones 723.5 mil.
El monto más elevado de observaciones fue en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por 34 millones 267.3 mil pesos, de los que aún quedan por justificar 26 millones 928.4 mil por irregularidades en proyectos como la rehabilitación de pistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el Tren Interurbano México-Toluca y obras carreteras en los estados de Baja California, Sonora y Nayarit.
Las siguientes dependencias con más observaciones fueron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por nueve millones 482.3 mil pesos; la Secretaría de Educación Pública (SEP) con nueve millones 110.9 mil pesos por anomalías vistas en su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Al entregar la documentación a la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, David Colmenares fue confrontado por la diputada morenista Inés Parra, quien le gritó para llamarlo “auditor tapadera”, exigirle que “destape la cloaca de la corrupción”.
“¡Destápela, auditor tapadera! destape la cloaca de la corrupción. Encubridores de corruptos, tapadera aquí está la mayoría calificada corrupta”, gritaba Parra mientras le exigía abrir una cacerola cargada de ratones de juguete que en un momento posterior le tiró encima.
Una joven que acompañaba al auditor se aproximó para intentar protegerlo y alejar la cacerola, pero la diputada le aventó la mano y dijo “¿quién eres tú para reconvenirme?”.
Pasado el episodio en el que la legisladora siguió con algunos reclamos más y donde algunos de los diputados intentaban contener la risa, pero también llamados de atención a su compañera, el auditor continuó con el reporte.
David Colmenares detalló que desde 2019 ya suman 59 auditorías practicadas a la Comisión Federal de Electricidad; 30 al Tren Maya; 38 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 89 a Pemex; 39 a la Secretaría del Bienestar; 39 a la SEP; 50 a la Secretaría de Salud; 86 a la SHCP y 49 a la Sedena.
Sobre el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dijo que en esta entrega habrá una auditoría forense que se dará a conocer posteriormente.
Durante la reunión, legisladores de las diversas bancadas coincidieron en exigir que la ASF se conduzca con autonomía y transparencia.
La panista María Elena Pérez-Jaén dijo que “estamos lejos de contar con un auditor superior que verdaderamente asuma dicha autonomía”.
Acusó que los logros de este órgano “no han servido de nada” y que la labor que ahí se desempeña no refleja eficiencia ni eficacia, además de que revela “violación a las obligaciones de la ley”.
Por su parte, el perredista Marcelino Castañeda dijo: “Licenciado David Colmenares, no defraude la confianza que esta cámara ha depositado en usted, siga desempeñando su labor como hasta ahora, generando confianza en los hallazgos, aplicando las auditorías, erradicando la simulación”.
Cabe recordar que los reclamos surgen luego de que el martes, la propia Pérez Jaén subió a sus redes un video en el que aparecen el titular de la ASF comiendo en un restaurante de Polanco con el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier.
En Senasica, irregularidades por 5 mdp
En una auditoría practicada a las contrataciones de Tecnologías de Información y Comunicación relacionadas con el desarrollo, soporte y mantenimiento de sistemas sustantivos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se halló un probable daño al erario por cinco millones 910.7 mil pesos.
En el reporte correspondiente a la primera entrega de la Cuenta Pública 2022 que ayer presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se evaluó la contratación de tecnologías, donde la muestra auditada correspondió a un convenio de colaboración por 74 millones 941.2 mil pesos con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnología de la Información y Comunicaciones.
El primer posible perjuicio a la Hacienda Pública identificado fue por cuatro millones 700 mil 349 pesos, por la contratación del servicio de soporte para la operación y monitoreo para aplicaciones de Senasica que aseguran la continuidad de servicios, solución de problemas en los servidores, entre otros.
Esto fue atribuido a la falta de documentación, supervisión y control de actividades realizadas por el proveedor.
También se hallaron anomalías por un millón 058.4 mil pesos en el servicio de Soporte y mantenimiento de sistemas informáticos existentes, pues no se acreditó con evidencia suficiente 288 horas de actividades realizadas.
Además, se observó la utilización de los servicios del convenio para realizar actividades ajenas establecidas en el objeto y alcance por las que se pagaron 151.9 mil pesos.
También se evaluaron siete de 31 proyectos relacionados para el mantenimiento de los sistemas informáticos, en los que se identificó la falta de evidencia de actividades realizadas; además, las bases de datos no contaron con mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada en ellas.
Además, en el Sistema de Evaluación al personal técnico de las Unidades de Verificación en Materia de Sanidad, hubo inconsistencias sobre el desfase de fechas entre la solicitud y el inicio de un proyecto.
En cuanto al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se apunta que “a pesar de encontrarse en ambiente productivo, el sistema no está siendo utilizado por el área requirente”.
Derivado de estos y otros análisis, se concluyó que el proveedor contratado no cumplió con las metodologías y mejores prácticas relacionadas con el desarrollo de software.
