En medio de la polémica por la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el Inegi reveló que, al cierre del año pasado, sólo tres de cada 10 uniformados (29.5 por ciento) adscritos a las corporaciones de las instituciones de seguridad pública estatales contaban con Certificado Único Policial vigente.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que un año antes, en el 2020, sólo 12 entidades habían cumplido entre el 80 y el 100 por ciento de certificación de sus policías; es decir, había un avance en el país del 37.5 por ciento.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2022, la fuerza policiaca en el país se componía en el 2021 de 221 mil 281 personas, de las cuales únicamente 65 mil 286 contaba con dicha herramienta, que los acredita como aptos para ingresar o mantenerse en las instituciones de seguridad pública, al contar con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Un aspecto relevante del censo del Inegi es que, en los últimos dos años, disminuyó el número de personal en materia de seguridad pública. En el 2019 se tenía el registro de 231 mil 491 efectivos; en el 2020 disminuyó a 225 mil 544 y para el 2021 sólo había 221 mil 281, lo que representó una baja del 1.9 por ciento.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló a La Razón que en la última encuesta que realizó esa organización, en el 2018, ninguna corporación cumplía con el requisito de certificación de sus elementos, por lo que tener ahora 30 por ciento de los policías evaluados representa un avance.
No obstante, expuso un matiz en la valoración que hizo Causa en Común: “Lo que se evaluó fue qué tan cerca estaban de cumplir con el sistema de desarrollo de policías, qué tan cerca estaban del cumplimiento de la ley, no qué tan eficientes o no fueran.
“Lo que sucede es que ha habido un abandono total de las policías estatales; entonces, decir que tres de cada 10 cumplen, pues es más alto de lo que nosotros podríamos percibir. No podemos pensar que las policías municipales puedan tener las condiciones y en las policías estatales el problema es que muchos de los nuevos gobernadores le tomaron la palabra al Presidente y fueron a preguntarle al secretario de la Defensa a quién ponían como secretario de Seguridad Pública”, dijo la presidenta de Causa en Común.
Morera Mitre consideró que esta decisión de las autoridades civiles, de ceder el mando, les sirve de “pretexto” para “evadir” sus responsabilidades.
“Sí, claro, se han vuelto unos cínicos. Como que todo quieren que les resuelvan las Fuerzas Armadas. Además de que no resuelven, entonces ellos tienen el pretexto de decir: ‘no resolvieron y es responsabilidad de las Fuerzas Armadas’, cuando la realidad es que es responsabilidad de los gobernadores y presidentes municipales la seguridad de sus estados y municipios”, denunció la activista.
Para el Colectivo Seguridad sin Guerra, la decisión de integrar a las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional por los próximos seis años, hasta el 2028, debe servir para preparar la conformación de fuerzas civiles bien entrenadas y capacitadas.
“Además del fortalecimiento de las policías locales, mejorar, o más bien, tener un plan real de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas a la par que se construye una guardia civil, porque están ahora en la postura de tener una propuesta y empezarla de cero con base en evidencia; pues entonces, pensamos cómo se puede crear una Guardia Nacional para que realmente sea un órgano civil, al que podamos acercarnos en caso de que se requiera”, manifestó Marcela Villarreal, integrante del colectivo.
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2022, elaborado por el Inegi, establece que, del total de los policías que contaban con Certificado Único Policial vigente, el 87.9 por ciento estaba adscrito a la policía preventiva; 5.6 por ciento, a la policía de tránsito; 4.0 por ciento labora como policía bancaria, comercial y/o auxiliar, y el 2.5 por ciento a otro tipo de corporación.
Suman 134 mil 960 homicidios dolosos
Este martes se registraron 79 homicidios dolosos para sumar 134 mil 960 en lo que va de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con TResearch.
De nueva cuenta, Guanajuato encabeza la lista de asesinatos con 15; seguido del Estado de México, con 13; Nuevo León, 11; Chihuahua, cinco; Baja California, Michoacán, Puebla y Quintana Roo, con cuatro; Chiapas y Colima, con tres; Guerrero, Jalisco y Veracruz, dos; así como Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Oaxaca, con uno.
En 45 meses de Gobierno se registra un alza de 63.4 por ciento, al pasar de 81 mil 299 en la administración de Enrique Peña Nieto a 132 mil 872 en la actual. Además, se proyecta que al final del sexenio se registren 213 mil 157.
En este contexto el promedio diario de homicidios dolosos en 2019 fue de 100; para 2020 subió a 101; en 2021 bajó a 98 y en lo que va de 2022 ha tenido una nueva disminución hasta llegar a 84. Además, de enero a lo que va de septiembre de este año, hay una baja de 14.6 por ciento, de acuerdo al reporte de la agencia.
Las entidades que en el último año han aumentado este delito son Hidalgo, con 84 por ciento; Colima, 75; Nuevo León, 41; Oaxaca, 38; Puebla, 35; Guerrero, 26; Veracruz, 17; Michoacán, 10; Morelos y Quintana Roo, con 4 por ciento.
En torno a las víctimas, Guanajuato encabeza el rubro con 16 mil 396, seguido del Estado de México con 11 mil 590; Baja California, con 11 mil 228; Chihuahua, 10 mil 709, y Michoacán, con 9 mil 638; Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y Durango son los estados con menos víctimas.
Comando ejecuta a 6 policías en Zacatecas
La mañana ayer un comando armado asesinó en un ataque directo a seis policías del municipio de Calera, Zacatecas, entre ellos a quien era el director de la corporación.
En un comunicado, la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad confirmó el hecho e informó que, de acuerdo con información preliminar, varios elementos de seguridad se encontraban ejercitándose en una unidad deportiva, a donde llegaron varios sujetos armados que comenzaron a dispararles, lo que provocó la muerte a cinco de ellos en el lugar.
“Minutos después, el director y el subdirector de esta misma corporación, a su arribo al lugar de la agresión, también fueron lesionados; lamentablemente cuando eran trasladados a recibir atención médica, el director también murió, contabilizándose a este momento seis policías sin vida”, agregó la vocería.
Por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó que abrió una carpeta de investigación. Precisó que fueron seis las personas muertas y que hay tres heridos graves.
En tanto, a través de sus redes sociales, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, calificó el hecho como un “cobarde ataque”. Y agregó que “en este, como en todos los casos de violencia que atentan contra su integridad (de los zacatecanos), haremos lo necesario para que la justicia prevalezca”.
Con el séxtuple asesinato de ayer, el número de policías privados de la vida de manera directa por el crimen organizado en Zacatecas llegó a 44 en lo que va del año, lo que coloca a la entidad como la segunda con más crímenes de este tipo de enero a la fecha, según el recuento de la organización Causa en Común.
Los ataques contra policías se recrudecieron en las últimas dos semanas, al grado de que entre el 15 y el 28 de este mes fueron ejecutados 14 uniformados, lo que representa un agente asesinado cada día en promedio.
El más reciente homicidio de un policía había ocurrido el pasado 22 de septiembre, cuando varios hombres armados ingresaron a un domicilio en el municipio de Guadalupe y ejecutaron a una mujer perteneciente a la Policía Estatal y a su hija.
El multihomicidio de ayer se dio en medio de un panorama de violencia e inseguridad que no cesa en el estado gobernado por David Monreal.
Un día antes del crimen, elementos de la Guardia Nacional aseguraron seis campamentos clandestinos en los cuales entrenaban sicarios de un grupo de la delincuencia organizada.
Los campamentos fueron localizados en los poblados de Juanchorrey, Genaro Codina y Santa Rosa del municipio de Tepetongo, así como en la comunidad de Potrero de Gallos, del municipio de Valparaíso.
En este último lugar los elementos de la corporación federal encontraron mil 609 cartuchos útiles de diversos calibres, así como rastros de comida, cobijas y casas de campaña.
Con información de Jorge Butrón y Ana Cureño
