En el Congreso de la Unión han quedado en pausa, en la anterior y la presente legislatura, 35 iniciativas de ley para hacer frente a los ataques cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
Entre las reformas presentadas por diputados y senadores de las diversas fuerzas políticas en la LXIV Legislatura y lo que va de la LXV, se encuentran propuestas que adicionan o modifican leyes como la de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
También se han propuesto cambios a la General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la General de Víctimas, la Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal.
Desde septiembre del 2018, estas iniciativas han pretendido garantizar que las leyes integren a toda persona que se dedique a defender derechos de cualquier índole, así como garantizar su seguridad y el acceso a la justicia y protección, incluso para sus familias; sin embargo, cada una se ha sumado a la lista de pendientes legislativos.
Entre partidos, Morena ha sido el que ha presentado más iniciativas (9), mientras que el Partido Encuentro Social (PES) sólo presentó una, de acuerdo con los datos que ofrece la última versión publicada en el sistema de información y que, según fuentes legislativas, “debe estar actualizado”.
Debido a la diversificación de las formas de violencia que son ejercidas y, al contemplar que, ante éstas, varios activistas se ven en situación de desplazamiento interno, reformas como la propuesta el 24 de noviembre del 2021 por la diputada de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía Ibáñez, plantean la creación de refugios, con espacios dignos, seguros y en los que se brinde asesoría jurídica, atención médica y hasta intérpretes para defensores de la tierra y del medio ambiente.
No todas las iniciativas han sido presentadas en forma individual. Por ejemplo, la Comisión de Gobernación y Población en San Lázaro intervino en dos ocasiones durante la LXIV Legislatura.
En su primer intento, en abril del 2019, los legisladores propusieron reformar el segundo párrafo del artículo 6 y el inciso A, fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para determinar que la libertad de expresión es un derecho de todos los mexicanos y que las autoridades federales conozcan de los delitos del fuero común, cuando éstos se cometan contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Además, sugirieron abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de expedir la ley general en la misma materia.
Para febrero del 2020, la comisión propuso reformas para fortalecer el actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al considerar que era perfectible, por lo que se sugirió que debería convertirse en un órgano desconcentrado, para contar con un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados.
Durante la actual Legislatura, el diputado Jorge Álvarez Máynez propuso una iniciativa que tiene como fin proteger los datos personales de los defensores y periodistas, a los que tienen acceso los servidores públicos, quienes deberían abstenerse de utilizar, sustraer, ocultar, alterar y transferir la información.
También la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, sugirió establecer como medida de protección de emergencia la asignación de policías para vigilar domicilio, cambio de placas del vehículo de la víctima y determinar que las medidas de protección incluyan patrullajes, chalecos antibalas, detector de metales y otros medios físicos.
