La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no acreditó el pago a servidores públicos y autorizó licencias laborales de funcionarios que no fueron acreditadas adecuadamente.
Al hacer una revisión de 14 partidas presupuestales que implicaron una muestra de 5.8 millones de pesos, que representaron 92.4 por ciento del presupuesto total ejercido en dicho rubro, que ascendió a 6.2 millones, detectó anomalías en los salarios designados.
De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, el órgano electoral no acreditó el monto pagado a 8 servidores públicos con un nivel tabular no considerado en el tabulador autorizado.
“También se realizaron pagos a tres servidores públicos a los que les autorizaron licencias sin goce de sueldo, y en 24 casos no se acreditó que los servidores públicos remitieron en tiempo y forma la documentación requerida para obtener la citada licencia.
“Asimismo, respecto de los informes de actividades emitidos por los prestadores de servicio contratados por honorarios presentados para efectos de su pago, en 38 casos los informes se realizaron entre 1 y 168 días hábiles posteriores para su entrega y, en otros 8 casos, dichos informes fueron entregados entre 1 y 30 días hábiles posteriores a su entrega, y un prestador de servicio no presentó su informe de actividades”, detalla el reporte.
Las anomalías detectadas incluyeron “inconsistencias en la supervisión y control de los procedimientos de contratación, en la prestación de los servicios y adquisición de bienes, así como en la comprobación de los recursos ejercidos objeto de revisión, toda vez que en la contratación del servicio de materiales y útiles de oficina se omitió aplicar penas convencionales debido a la entrega de materiales de entre 1 y 31 días hábiles posteriores al tiempo establecido en el contrato”.
Las anomalías detectadas por la ASF incluyen fallas en el servicio de fotocopiado, así con en la adquisición, desinstalación e instalación de equipos de aire acondicionado, porque no se supervisaron las necesidades de los centros de verificación y monitoreo del INE.
Igualmente, señaló anomalías en la contratación de los servicios de producción de materiales audiovisuales para radio, televisión y plataformas digitales.
JVR
