El asedio en contra de los defensores de derechos ambientales es tan grave como el que enfrentan sus pares en derechos humanos y el fenómeno va en ascenso, pues en el último bienio los asesinatos cometidos en su contra aumentaron 48.5 por ciento, al pasar de 33 homicidios en los primeros dos años del Gobierno actual, a 49 en el periodo 2021-2022.
Alan Valdés, coordinador de GYBN México, el capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, comentó a La Razón que las cifras “no son solamente preocupantes, sino también vergonzosas, considerando que nuestro país ratificó el Acuerdo del Escazú en las mismas fechas en que empezaban a aumentar las agresiones y homicidios a personas defensoras”.
El mecanismo de Escazú es un tratado internacional que impulsa el multilateralismo de la región latinoamericana y caribeña en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
Aunque los homicidios cometidos en contra de los defensores de derechos humanos experimentaron 51.6 por ciento de incremento en el mismo periodo, en números absolutos son más los asesinatos que se han perpetrado en contra de los ambientalistas, pues en el periodo 2019-2022 han sido privados de la vida 82 defensores, en tanto que, en el mismo lapso, 78 activistas de derechos humanos han sufrido ejecución extrajudicial.
“No hay una política de Estado en la que tengan estrategias claras en cuanto a la planeación de la prevención hacia las y los defensores del medio ambiente. Sabemos que ya está el Acuerdo de Escazú, pero las estrategias no han tenido buenos resultados”, apuntó en entrevista con este diario Iyari Balderas Cruz, coordinador de las organizaciones REACCIONA, Taller Leñateros, Iniciativa Artemisa, Diálogo y Movimiento y Volum Chiapas.
De acuerdo con reportes internos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), 2021 y 2022 son los años en los que se han reportado más agresiones contra personas y comunidades defensoras del medioambiente.
En el 2021 se registraron 108 eventos de agresión, en los que se llevaron a cabo aproximadamente 238 agresiones en contra este sector, de las cuales 25 fueron letales; mientras quedurante el 2022 se registraron 197 eventos de ataques, en los que ocurrieron al menos 582 agresiones, de las cuales 24 fueron letales. Este nivel registrado en el último año representa el más alto registrado por el Cemda desde el 2014.
Alan Valdés, coordinador de ECA Jóvenes en Eco Maxei AC, apuntó que “cada vez son más las personas jóvenes que son objeto de agresiones, de asesinatos y desapariciones. Este reporte (del Cemda) agrega a cinco personas jóvenes dentro de las que fueron asesinadas; si bien el reporte no hace el desglose por edades, también hay una afectación directa a juventudes”, precisó.
Por lo que se refiere a las agresiones reportadas en 2021 y 2022, se establecen la intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, estigmatización, homicidio, detención arbitraria, uso indebido de la fuerza, desaparición, ejecución extrajudicial y privación de la libertad.
No obstante, en el último año, el 2022, se añadieron otro tipo de ataques, que revelan el recrudecimiento de la situación que enfrentan quienes luchan por un mejor entorno natural. En el reporte se mencionan criminalización, desalojo forzado, despojo, desplazamiento forzoso, difamación, robo, tortura/malos tratos, allanamiento, secuestro, desaparición forzada y hasta espionaje.
Por el tipo de conductas de las que son víctimas, el Cemda estableció que los ambientalistas son víctimas no sólo de grupos de la delincuencia organizada, sino incluso de empresas privadas, de caciques y hasta de grupos paramilitares, aunque la mayor parte de los actos de agresión son cometidos por agentes del gobierno, que en el caso del último año registrado, el 2022, representan el 45 por ciento de los agresores.
Al respecto, Andrea Cortés, quien forma parte de Global Greengrants Fund, comentó que, al momento de solicitar financiamiento económico, las colectivas expresan su temor al recibir los recursos, pues no quieren ser perseguidas.
“El informe del Cemda; en donde se retrata este hostigamiento, no contempla el económico, que también ése es un tipo de violencia, porque se han incrementado un montón los candados para recibir fondos. También el hecho de que se esté monitoreando y vigilando quiénes reciben fondos; no es sólo para cobrar mayores impuestos, sino que responde a la lógica del espionaje”, dijo.
Iyari Balderas agregó que, en el caso particular del Ejido Nueva Morelia, en el que una empresa minera entró hace cuatro años, tanto las organizaciones civiles como la Iglesia católica hicieron activismo pacífico para que el Gobierno pudiera intervenir, y no fue hasta que asesinaron a Mariano Abarca que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tomaron acción para clausurar de manera temporal la zona minera.
“Justamente hace dos meses de nuevo intentó entrar la minera Blackfire al ejido, pero ya con una colusión del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa; en ese territorio se están disputando esos territorios”, mencionó.
“Esta oleada de agresiones desde hace años ha sido una preocupación constante, sobre todo porque se han efectuado muchos megaproyectos extractivos en México, tanto por transnacionales, pero también ahora por el gobierno”, apuntó Andrea Cortés, quien también es fundadora y directora de Alimentación.
