En el primer trimestre del 2022 aumentaron cinco por ciento los delitos asociados a la migración irregular en el país, principalmente los relacionados con el tráfico y traslado de extranjeros de manera ilegal en territorio nacional.
Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), relacionados con los tres primeros meses del 2020, señalan la comisión de 210 delitos de este tipo.
Para el mismo periodo del 2021 da cuenta de 356 ilícitos y en el 2022, 374, lo que demuestra que los traslados en automóviles, camiones tipo tráiler o algún otro medio terrestre siguen siendo una alternativa central de las personas indocumentadas para cruzar el país.
Los estados que durante este año tienen la mayor cantidad de reportes son Tabasco, con 62; Veracruz, con 53; Nuevo León, 48, y Chiapas, con 47 registros.
Las principales modalidades son esconderse en las cabinas de los tráileres; viajar en las cajas, hacinados con decenas de personas más; en autos particulares, y escondidos en camionetas.
RESCATA INM A SEIS
Ayer, el Instituto Nacional de Migración salvó a seis extranjeros, provenientes de Honduras, que fueron escondidos en autos que iban en la plataforma de un camión nodriza tipo tráiler, para trasladarlos por territorio mexicano.
De acuerdo con la dependencia, se descubrió el caso en el punto de control migratorio Palenque, Chiapas, en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, luego de que las autoridades marcaron el alto a la unidad de transporte. En una revisión de rutina fueron halladas tres personas adultas y tres menores de edad.
Consultado al respecto, José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), dijo a La Razón que el traslado de indocumentados por el país es algo normalizado.
A su parecer, si en los últimos años se ha visto un incremento es porque las autoridades del INM o de la Guardia Nacional (GN) han reforzado los operativos, pues la presión es muy alta.
“Se han incrementado las inspecciones y verificaciones por parte de Migración y otras instancias gubernamentales; sobre todo, se ven obligadas por la presión que hay por el tema, además de que es muy probable que existan problemas de corrupción al interior de la institución; por ello también presionan a los polleros”, dijo.
