Autónomos y ONG cierran filas contra plan para borrarlos

Los órganos constitucionales autónomos coincidieron en que la reforma que se plantea para desaparecerlos, con el fin de que sus funciones las asuma la administración pública, representa un retroceso, busca centralizar el poder, está motivada por ideologías políticas y su consumación pondría en riesgo la democracia.

Con matices, los presidentes de algunas de la entidades independientes que podrían desaparecer señalaron que proponer que las funciones de los organismos regresen a la administración pública del gobierno, es una propuesta para centralizar el poder.

En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), su comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, anticipó que, de aprobarse la reforma, defenderá la permanencia de la institución a través de vías políticas y jurídicas, y no descartó sumar fuerzas con los otros organismos, aun cuando de momento no hay acercamientos.

“El Inai, desde la presidencia, en colaboración con mis compañeras comisionadas del pleno, habremos de defender a la institución en las diferentes instancias, sean parlamentarias, o sean jurídicas. El Inai se mantiene firme y sí podríamos pensar en sumar con otros organismos, aunque no hay aún pláticas”, dijo a La Razón.

Advirtió que se defenderá al instituto en sus diferentes instancias, ya que la protección de datos personales no puede ser mermada por entes partidistas o de alguna ideología política. “Yo no veo un México sin un Instituto Nacional de Transparencia”, señaló, tras insistir en que “no podemos centralizar el poder”.

Al respecto, Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), manifestó que “la política de competencia debe conocer la realidad, adaptarse y evolucionar al contexto social”.

“Hoy en día es necesaria la existencia de la Cofece para coadyuvar a que los programas sociales tengan un mayor beneficio para los que más lo requieren; somos organismos que somos cercanos a la gente y las personas en situación de pobreza son los más afectados cuando no hay competencia”, refirió.

El próximo lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará al Congreso de la Unión un paquete de reformas, entre las que anticipó una que plantea la desaparición de los organismos autónomos.

En una visión distinta dentro de la polémica generada tras la propuesta del mandatario federal, el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Walter Julián Ángel Jiménez, se dijo seguro de que la propuesta de reforma federal que contempla la eliminación de órganos autónomos “no impactará a la institución”, y agregó que “será positivo que queden planteados estos cambios producto del debate nacional generado”.

Afirmó que se debe “considerar la propuesta de reforma del Presidente como una oportunidad para ver, de manera clara y crítica, la efectividad de estas instituciones”.

El comisionado subrayó que, en caso de que se apruebe el proyecto que se presentará este 5 de febrero, como parte de un paquete compuesto por al menos 10 iniciativas destinadas a la desaparición de estas dependencias, la CRE podría ser transferida a la Secretaría de Energía.

En contraste, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expuso que ve como un retroceso la posibilidad de que la propuesta del Presidente sea aprobada.

“La independencia y autonomía que tienen los órganos autónomos son los factores que permiten tomar decisiones al margen de coyunturas políticas. El IFT ha permitido fomentar la competencia en el sector telecomunicaciones, gracias a esos factores”, precisó.

Juárez Mojica agregó que “la autonomía constitucional de la que gozan los órganos autónomos es un diseño jurídico universal que tiene como objetivo que se tomen decisiones con base en criterios estrictamente técnicos y jurídicos.

“De llegar a prosperar la propuesta de eliminar los organismos autónomos por parte del Ejecutivo, sería un retroceso para el país. En el caso del IFT, regresaría el instituto al esquema que operaba hace más de una década, lo cual en este tiempo, y con los avances, resultaría en una ineficiencia. Habría que ver de qué manera no se quedaría desprotegido, con las funciones que actualmente ejerce el organismo”, aseveró.

Finalmente, Diego García Ricci, académico y doctor en Derecho por la Universidad Iberoamericana, puntualizó que, de aceptarse la propuesta de López Obrador para desaparecer dichos organismos, cuya existencia y presencia ya es parte de los mexicanos, se pondría en riesgo la democracia en la que ciudadanos y ciudadanas no sólo salen a votar, sino en la que también cuestionan a los gobernantes.

ONG llaman a fortalecer independencia

Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Gobierno federal a fortalecer los organismos autónomos en lugar de considerar su eliminación, pues son garantes de los derechos de los ciudadanos.

En un posicionamiento, México Evalúa, Artículo 19 y México cómo Vamos aseguraron que los órganos independientes son vitales para preservar los derechos de la población consagrados en la Constitución.

Lo anterior, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes enviará un paquete de reformas constitucionales, con el que pretende desaparecer los organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

De esta manera señalaron que la eliminación de éstos no representaría un recorte significativo en el gasto público, pues para este año, el Inai y el IFT tendrán recursos por dos mil 777 millones de pesos.

Esta cifra representa apenas dos por ciento de los recursos asignados este año al Tren Maya y tan solo 0.14 por ciento del presupuesto contemplado para pensiones, de acuerdo con las organizaciones.

“De esta forma, la desaparición de los órganos autónomos mermaría el bienestar y el correcto funcionamiento de nuestra democracia de manera cotidiana, cancelando el esfuerzo de más de dos décadas de la sociedad civil organizada por contar con instituciones que garanticen la rendición de cuentas y sean un contrapeso al poder público”, destaca el posicionamiento.

Por otra parte, reprocharon la filtración de datos personales de periodistas registrados en la base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia, revelada el pasado 26 de enero de 2024.

Detallaron que en México se han registrado dos mil 941 agresiones contra periodistas entre diciembre 2018 y junio 2023, lo cual se traduce en una agresión cada 16 horas, según Artículo 19.

“Ante estas estadísticas y las causas de estas agresiones, se vuelve evidente que la protección de periodistas (...) es ineficaz”, agregaron.